Frente a los comunicados del gobierno que afirman que la tendencia en la incidencia de casos COVID-19 positivo se mantiene estable, consideramos que NO es posible afirmar esto debido a 3 razones:

• Existe subdiagnóstico: Actualmente sabemos, por profesionales en terreno, que no se están tomando todos los exámenes en casos sospechosos. Tal como ocurre en Puente Alto, la comuna con más habitantes de Chile, donde no se está derivando los casos sospechosos al Hospital Sótero del Río, con motivo de reservar los traslados solo para los casos con criterios de hospitalización (gravedad o enfermedad de base descompensada). Es así como se envía a los pacientes con síntomas leves y moderados a su domicilio a cumplir la cuarentena sin la confirmación diagnóstica y se “compromete” la toma de muestra en diferido o ante un agravamiento clínico. La Atención Primaria y Urgencias Primarias no tiene los recursos para testear, porque estos no han llegado o son totalmente limitados (desde los elementos de protección personal, kit diagnósticos, capacitación del personal, logística, etc) lo que tiene como consecuencia una pérdida importante de casos por estudiar y diagnosticar. 
• Hay un desfase de confirmación: En algunos hospitales y servicios existe un desfase que va entre 2 a 4 días para la confirmación del diagnóstico, tanto por el Instituto de Salud Pública como por los otros hospitales de referencia que realizan el examen. Hoy no se puede saber si los casos nuevos son efectivamente los del día anterior o un acumulado de casos de diferentes días. Por lo que la realidad que pobremente describe el gobierno cada día puede representar el escenario de 3 días atrás. Este desfase puede tener consecuencias negativas cuando en la espera de confirmación la persona no posee las condiciones o licencia médica para realizar la cuarentena, por lo que tiende a aumentar la curva de contagio.
• Casi un tercio de los diagnósticos corresponde a falsos negativos: Existe un porcentaje de 25 a 30% de personas que obteniendo un resultado negativo en el examen, efectivamente están contagiadas con la enfermedad. Esta situación genera que, en algunos casos, se disminuyan las medidas de aislamiento lo que aumenta el riesgo de contagio del personal de salud y los contactos.

Sabemos que este gobierno es hábil en maquillar las cifras a su conveniencia y que existe un sesgo de clase a la hora de tomar el examen. Las personas que acudan al sistema privado y tengan los medios para pagar el test serán estudiados y diagnosticados, pero quienes no tienen otra opción que atenderse en el sistema público, por dificultades logísticas y falta de disponibilidad de recursos, no sabrán si están contagiados a menos que estén graves y con indicación de hospitalización. 

Ante esta tremenda injusticia e ineficiencia de un sistema de salud segregador, que no sirve para realizar políticas de salud poblacional ni proteger a la mayoría trabajadora, consideramos indispensable ampliar la capacidad de testear masivamente en toda la red y expropiar a las clínicas privadas que hoy acaparan los recursos y hacen de esta crisis un tremendo negocio.