En las últimas semanas el Gobierno ingresó al Senado un proyecto de ley que busca suspender temporalmente los plazos de negociación colectiva, a raíz de la crisis sanitaria que vive el país. A grandes rasgos, el mencionado proyecto tiene dos grandes objetivos. Primero, suspender y prorrogar todos los plazos asociados a los distintos procesos que componen una negociación colectiva. Y segundo, validar las comunicaciones virtuales que se realicen entre las partes de la relación laboral (empleadores y trabajadores), y/o entre las partes y la Dirección del Trabajo. El primer objetivo es particularmente preocupante pues específicamente busca:
a) Suspender los plazos de las negociaciones colectivas que se hayan iniciado durante el estado de catástrofe, hasta 60 días después de finalizado este estado.
b) Extender el plazo de vigencia de instrumentos colectivos -es decir, los acuerdos de las mesas de negociación- que están prontos a caducar, e imposibilitar el inicio de nuevas negociaciones colectivas para sindicatos que no tengan instrumento colectivo vigente durante el estado de catástrofe y hasta 60 días después de terminado este.
c) Suspensión de procesos electorales sindicales que hayan comenzado o deban iniciar durante el estado de catástrofe y prorrogar los mandatos sindicales ya existentes.
d) Suspensión de los plazos de prescripción de los derechos establecidos en el código del trabajo (artículo 510 del Código del Trabajo), es decir, los plazos para realizar denuncias y reclamos.
En concreto, las medidas apuntan a suspender los plazos legales de las negociaciones legítimas de los trabajadores hasta que las condiciones sean cómodas para los empleadores. Al respecto, el subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, declaró vía el Diario Financiero que este proyecto “es prioritario para el Gobierno, pues entendemos la necesidad que tienen las partes, y especialmente los trabajadores, de ver resguardado su derecho a tener una negociación colectiva justa y transparente, en igualdad de condiciones” [1]. Sin embargo, como Profesionales ConVocación nos preguntamos. ¿Alguna vez han tenido realmente los trabajadores y trabajadoras la posibilidad de establecer negociaciones en igualdad de condiciones con sus patrones? Si consideramos el bajo nivel de sindicalización que existe en Chile y la alta capacidad que tienen los empresarios de quebrar cualquier tipo de organización popular dentro de las empresas, estas declaraciones parecen más bien una burla.
No hay igualdad de condiciones: breve historia de la sindicalización en Chile
En la misma línea, nos parece importante hacer un ejercicio de memoria y recordar que este estado de absoluta desprotección laboral no es algo que pasó de la noche a la mañana. La clase dominante chilena, desde el Golpe Militar de 1973 en adelante, ha implementado sistemáticamente una serie de maniobras para inclinar la balanza del poder a su favor. Durante la Dictadura miles de trabajadores, civiles y militantes, fueron asesinados y torturados para hacer retroceder un movimiento popular altamente fortalecido, luego de más de un siglo de organización y lucha. Adicionalmente, la implementación del Plan Laboral en 1979 efectivamente despojó a los trabajadores de las principales herramientas que tenían a su disposición para luchar por sus derechos colectivos: la huelga y la negociación por rama. Actualmente, la excesiva burocratización hizo de la huelga una herramienta prácticamente inútil, y los sindicatos sólo pueden negociar a nivel de empresa (incluso solo a nivel de rut dentro de una misma empresa), siempre bajo los límites que la Dirección del Trabajo impone. A su vez, la atomización de la organización sindical, donde en una empresa pueden existir múltiples sindicatos e incluso “grupos negociadores”, sumada al individualismo en el que nos encierra el capitalismo neoliberal, ha llevado a bajas tasas de sindicalización (20% aproximadamente), y una “politización” paupérrima de los pocos sindicatos que sí existen.
En este contexto, con estas medidas el Gobierno establece una protección sobre el empresariado (otra más dentro de las promulgadas en los paquetes de medidas COVID-19) y no sobre los que realmente generan la riqueza en nuestra sociedad, es decir, las y los trabajadores. Esto queda particularmente claro cuando se analiza la “letra chica” del proyecto de ley, la cual establece que trabajadores y empleadores podrán voluntariamente iniciar o continuar un proceso de negociación colectiva durante el estado de catástrofe, si es que así lo desean ambas partes. En la práctica, esto implica que cualquier proceso de negociación colectiva, durante la pandemia que vivimos, quedará supeditada a merced de lo que los empleadores decidan hacer, pues de aprobarse este proyecto de ley, no tendrán ninguna obligación legal de participar en ellas.En ese sentido, los burdos argumentos que esgrime el Gobierno de Sebastián Piñera, planteando que este proyecto busca proteger los derechos de los trabajadores y trabajadoras del país, son una absoluta mentira, pues solo buscan profundizar aún más la precarización laboral ya reinante en Chile, aprovechándose de la situación de crisis que vivimos.
Derecha y Oposición: Todos en el mismo barco
Por otro lado, la situación no cambia mucho en el resto de las filas políticas que se encuentran en el parlamento. Claro ejemplo de esto es el proyecto presentado por legisladores de la “oposición”, el cual propone un “Autopréstamo” de los fondos de pensiones, que consiste en que los trabajadores puedan retirar hasta un 10% de sus propios fondos ahorrados, con la condición de devolverlos íntegramente a las administradoras con una tasa de interés del 4%, y si no se quiere pagar este interés, ofrecen la condición de extender en 4 años la edad de jubilación. Esta propuesta pretende ser una salida rápida para reactivar la economía sin tocar el bolsillo de grandes empresarios, pero poniendo en riesgo una vez más los ahorros de las personas, empeorando un sistema que por años ha entregado pensiones indignas a costa de altas utilidades para las AFP [2]. Esto muestra la verdadera cara de una “oposición” -autodenominada de izquierda- que presenta propuestas que atacan directamente a los trabajadores, dejando claro que sus intereses son contrarios al pueblo y están a favor del poder político y económico del país.
En la misma línea, la CUT, hoy conducida por el PC, se ha mostrado pasiva e indolente, proponiendo medidas que favorecen principalmente a la banca y grandes empresas, como son las propuestas de una mayor accesibilidad a crédito, la creación de un fondo de solvencia del Banco Estado para empresas, entre otros. O simplemente limitándose a pedir que se cumpla la ley en relación a lo indicado en el Código del Trabajo. Con esto queda en evidencia que el PC, junto a sus colegas de la ex Nueva Mayoría, quienes se declaran parte de la tradicional “oposición” a Chile Vamos, están utilizando la crisis como excusa para velar por intereses que no son los de los trabajadores.
Por otro lado, el Frente Amplio, con su promesa de una izquierda que busca cambiar el país, una vez más da cuenta de su ambigüedad en las propuestas que han presentado en materia de trabajo. Insertos en una búsqueda de diálogo infructuosa con el gobierno y presentando ideas de mayor gasto fiscal (renta básica de emergencia y la inyección de recursos a empresas a través de una nacionalización parcial de éstas), evaden así la oportunidad de dar un debate más profundo sobre la estatización de empresas privadas estratégicas. Como resultado, queda demostrada su incapacidad de influir en las decisiones del gobierno, y devela a su vez los intereses que defienden, que son contrarios a las necesidades de la población, lo que no es una “desconexión”, sino un claro acuerdo con las bases de este modelo y una necesidad de pertenecer, a toda costa, a la institucionalidad política.
En el contexto actual se ha hecho notar el silencio de las centrales de trabajadores, y particularmente la CUT que no ha sido capaz de instalar ideas sobre la mesa y que entra tarde, mal y nunca al debate. De igual manera, la “izquierda” institucional sólo se mueve en el terreno de lo práctico o lo “posible”, ya que que por sus intereses de clase no le favorece mover en ninguna medida la balanza del juego económico hacia el terreno de las y los trabajadores. Lo anterior, sumado al rápido avance del programa legislativo del gobierno cuyas leyes entran casi tan rápido como salen aprobadas del parlamento, dan origen a un escenario adverso para la clase trabajadora.
Ante este escenario de avance Neoliberal: La organización revolucionaria es nuestra arma fundamental para combatir la explotación
Por lo mismo, las propuestas que han surgido hasta ahora son insuficientes. Se requiere un ingreso asegurado para sobrevivir mes a mes, se requieren condiciones laborales que permitan negociar en igualdad de condiciones y asegurar la dignidad en el trabajo, se necesita asegurar la vida y la fuente laboral. De igual manera, la “unidad” no puede ser la carnada para mantener las ganancias de los empresarios a costa de la vida de las personas, como tampoco puede ser un discurso para amordazar y acallar las voces de los trabajadores y el pueblo. En definitiva, debemos cambiar la estructura capitalista de la sociedad, que carga toda la responsabilidad de la crisis a las y los trabajadores.
Frente este escenario, hoy queda claro lo urgente y necesario que es un verdadero espacio de organización popular. Uno que posibilite la construcción de una fuerza y una alternativa política, con una vocería que defienda los intereses de toda la clase trabajadora, y no únicamente la de los trabajadores formales. Esta organización revolucionaria debe ser justamente el espacio y la herramienta que nos permita luchar contra este sistema para extirpar de una vez por todas las injusticias que permiten que siempre que hay una crisis, sea el pueblo el que pague los costos. Se debe aprovechar este momento para fortalecer nuestros espacios y salir con más fuerza que nunca a la protesta, pues solo así podremos definitivamente acabar con la explotación de la clase trabajadora.
Referencias
(1) Proyecto del Gobierno permitirá que más de 800 negociaciones colectivas se posterguen
(2) Ha llegado carta: senadores de oposición insisten a Piñera con retiro de fondos de pensiones para enfrentar la crisis del Covid-19