Por Área Habitabilidad de ConVocación
El mecanismo de subsidio habitacional se consolidó en plena dictadura militar, como una iniciativa del sector empresarial de la construcción. Como señalamos anteriormente, la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) venía ganando amplia influencia en materia de políticas de vivienda, desde mucho antes del Golpe militar, pero aprovechó dicho período para sacar mayor ventaja, impulsando un nuevo mecanismo de financiamiento de la vivienda social con recursos del Estado para la reactivación económica de su propio sector, en el contexto de la crisis de los 80s. Así surgen en Chile los subsidios habitacionales.
Como era de esperarse, estos subsidios fueron tan beneficiosos para garantizar la actividad económica del capital inmobiliario, que su implementación no quedó restringida sólo al momento de crisis económica o al período de dictadura, sino que continuó siendo la base principal de los programas de vivienda impulsados por todos los gobiernos “democráticos”, desde Patricio Aylwin hasta el último período de Sebastián Piñera y el actual gobierno de Gabriel Boric.
Durante los primeros años de la celebrada “llegada de la Democracia”, los gobiernos de la Concertación de Aylwin (1990-1994) y de Frei (1994-2000), se empecinaron en generar una masiva producción mediante diversos programas, a un ritmo de construcción que, prácticamente, se duplicó respecto al periodo previo de la dictadura. Se hablaba convenientemente de “soluciones habitacionales”, ya que paradójicamente, aquello que se construía “en beneficio” de las familias “más vulnerables”, no eran necesariamente viviendas definitivas, sino que muchas de estas eran construcciones a medio terminar, o incluso nada más que la simple ejecución de instalaciones sanitarias, que solo sirvieron para inflar las cifras ante la opinión pública, en lugar de realmente resolver el problema habitacional de miles de familias trabajadoras.
Mediante licitaciones periódicas convocadas por el Serviu, las empresas privadas se abocaron a construir para cubrir las metas cuantitativas que se proponía cada gobierno. En estos concursos se definía la cantidad de soluciones a construir, el rango de valor de estas y un mínimo de requerimientos técnicos (que la mayor parte de las veces no se respetó). Sin embargo, no existieron definiciones de tipo técnico-espacial referidas a la calidad y localización de los conjuntos habitacionales, quedando esto a criterio -o descriterio- de las empresas constructoras y, por ende, supeditados a sus pretensiones de ganancia.
«El resultado evidente ha sido la segregación brutal de los sectores más pobres, relegados a zonas marginadas»
Un ejemplo que grafica este problema es el conocido caso de las “Casas Copeva”, un proyecto habitacional localizado en el sector de Bajos de Mena, en la comuna de Puente Alto, que al poco tiempo de ser entregado a sus beneficiarios, sufrió graves inundaciones por las lluvias invernales de Santiago en junio de 1997. En aquel entonces, la prensa registró la indigna manera en que sus pobladores tuvieron que cubrir con plásticos las casas para protegerse del agua. Además, las fundaciones cedieron y las estructuras se deformaron al estar construidas sobre antiguos basurales, lo que además generó un problema a la salud de las familias, que persiste hasta hoy.
La situación de precariedad habitacional, producto de la mala calidad de las viviendas sociales, se agrava con el problema de la mala localización de estos conjuntos habitacionales que, por regla general, se instalan en sectores periféricos. Los proyectos fueron emplazados en su mayoría en lugares de mala conectividad y difícil acceso, de escasa locomoción colectiva y carencia de equipamiento y servicios públicos, pues el alto precio de los terrenos (inflados groseramente por la actividad especulativa de los grandes propietarios), obligaba a considerar sólo suelos urbanos de poco valor para la localización de las viviendas de las familias populares, siempre en consonancia con los intereses y proyecciones de inversión del gran capital inmobiliario. El resultado evidente ha sido la segregación brutal de los sectores más pobres, relegados a zonas marginadas del sistema de recursos urbanos que permite la vida en la ciudad.
La oferta de suelo urbano es limitada, por definición, de manera que la propiedad del suelo termina siendo una fuente de ganancia garantizada, para aquellos sectores que acaparan este recurso vital.
Entrando al siglo XXI, David Kornbluth, explica que ya existía una noción general respecto de la grave segregación que caracterizaba a la ciudad de Santiago, y se indicaba que una ciudad segregada se traduce en “problemas de cohesión y convivencia social”. Esta situación obliga a las instituciones públicas y privadas a dirigir su atención, ya no sólo al problema de la cantidad de viviendas, sino también al problema de las reparaciones requeridas y la infraestructura necesaria, escenario que se aprovecha para ampliar aún más los nichos de negocio para el empresariado de la construcción, en base a las necesidades habitacionales de los sectores populares.
«Al momento de asignar recursos, la primera prioridad del Estado seguirá siendo el no interferir con el negocio bancario y el usurero mecanismo de créditos hipotecarios, antes que garantizar ese “derecho” a la vivienda»
Los gobiernos del período 2000 – 2020 impulsan nuevos programas habitacionales, que vienen a intensificar el traspaso de recursos públicos a manos del capital privado, reforzando el control del gran capital inmobiliario sobre la producción habitacional y el desarrollo urbano de la ciudad. Evidentemente, todo esto se hizo con el argumento declarado de abordar las problemáticas que habían dejado los gobiernos de los noventa. En función de esto, se lleva a cabo un proceso de mayor desvinculación de la responsabilidad del Estado respecto del problema habitacional de las familias pobladoras, delegando cada vez más partes del proceso en manos de nuevos actores privados que se sumaron al provechoso negocio de parasitar con recursos públicos, a costa de las necesidades y esperanzas populares, implementando programas de “mejoramiento de viviendas”, de “equipamiento comunitario” y “renovación” de barrios que, en la mayor parte de los casos, se han acusado como insuficientes y cosméticos, ante el progresivo deterioro y empeoramiento de las condiciones habitacionales que sufre la mayoría de la población.
En esa línea es que se profundiza la lógica de “focalización” de recursos, la que supondría “concentrar el gasto social en personas o grupos de la población en situación de pobreza, vulnerabilidad o exclusión social”. Y si bien, esto puede sonar como algo de sentido común, la verdad es que, como planteamos en un documento publicado anteriormente, esa tan venerada “focalización” no implica que el Estado centrara sus recursos en aquellas familias que realmente necesitan una vivienda, sino en aquellas familias que, necesitando una vivienda, no logran ser sujetos de crédito bancario para acceder a una solución habitacional. En pocas palabras, al momento de asignar recursos, la primera prioridad del Estado seguirá siendo el no interferir con el negocio bancario y el usurero mecanismo de créditos hipotecarios, antes que garantizar ese “derecho” a la vivienda.
Para quienes superaran la línea de “vulnerabilidad” y “pobreza” establecidos, se crearon subsidios alternativos potenciados con el acceso a créditos hipotecarios, abriendo la puerta de par en par al capital financiero para sacar su tajada del negocio con la vivienda de las familias trabajadoras, dejando a miles a merced del usurero sector bancario.
Hasta nuestros días, el subsidio habitacional sigue siendo el principal y prácticamente único instrumento de acceso a la vivienda para las clases populares, y como señala la arquitecta y doctora en Urbanismo Ana Sugranyes, se promociona como un “beneficio” para la población “más vulnerable del país”. Sin embargo, esta herramienta termina siendo más bien un incentivo que genera el Estado para las empresas privadas, financiando a estas en la producción de ciertos bienes básicos para la población.
El Estado, producto de la misma privatización de todas sus empresas fiscales y de la consiguiente prohibición a la apertura de nuevas empresas, no es capaz -o no tiene intenciones- de resolver directamente los problemas sociales y necesidades básicas, cuestión que queda delegada y bajo control del capital privado. Así, aquello que se ha presentado como un subsidio a la demanda habitacional de los pobladores, es en realidad un subsidio a la oferta de las empresas constructoras y especuladores inmobiliarios, donde el financiamiento otorgado por el Estado no sólo es clave para garantizar el negocio del sector, sino que, además, termina siempre respondiendo a los márgenes de precios y estándares de calidad que este impone.
Bajo esa lógica, el interés económico del capital inmobiliario termina siempre imponiendo las condiciones de la producción habitacional, en desmedro de las necesidades habitacionales de las familias pobladoras.
Tras décadas de inyección constante de recursos del Estado al sistema de subsidios habitacionales, los conjuntos de vivienda social mantienen, prácticamente, las mismas características espaciales y técnicas, y sobre todo, los mismos problemas de mala calidad y localización, ¿si esta inyección constante de recursos desde el Estado, no ha tenido como resultado una mejora significativa en la calidad de las viviendas sociales, entonces, a dónde ha ido a parar esa tremenda cantidad de recursos públicos?
«Al cabo de varias décadas de gobiernos “democráticos”, uno tras otros, el capital privado ha seguido recibiendo cantidades millonarias de recursos públicos, sin haber disminuido significativamente el problema de la vivienda.»
Los gobiernos del período 2000 – 2020 impulsan nuevos programas habitacionales, que vienen a intensificar el traspaso de recursos públicos a manos del capital privado, reforzando el control del gran capital inmobiliario sobre la producción habitacional y el desarrollo urbano de la ciudad. Evidentemente, todo esto se hizo con el argumento declarado de abordar las problemáticas que habían dejado los gobiernos de los noventa. En función de esto, se lleva a cabo un proceso de mayor desvinculación de la responsabilidad del Estado respecto del problema habitacional de las familias pobladoras, delegando cada vez más partes del proceso en manos de nuevos actores privados que se sumaron al provechoso negocio de parasitar con recursos públicos, a costa de las necesidades y esperanzas populares, implementando programas de “mejoramiento de viviendas”, de “equipamiento comunitario” y “renovación” de barrios que, en la mayor parte de los casos, se han acusado como insuficientes y cosméticos, ante el progresivo deterioro y empeoramiento de las condiciones habitacionales que sufre la mayoría de la población.
Según un análisis publicado en 2021 por los investigadores Francisco Vergara Perucich, Ricardo Greene y Juan Correa en CIPER, el aumento de subsidios por la política habitacional del Minvu tiene una alta correlación con el aumento del precio de la vivienda (uno explica el 76% de la variación del otro, lo que es muy alto). Esto es, a lo menos, indicativo de que los subsidios del Estado contribuyen, en definitiva, a alimentar la especulación inmobiliaria y aumentar los precios de las viviendas disponibles en el mercado.
Otro de los resultados indica que el número de familias viviendo en campamentos tiende a reducirse en tanto aumentan las remuneraciones (correlación de un 36,5%). Por su parte, el desempleo presenta una correlación significativa en un 33,1% con el aumento de familias viviendo en campamentos. Como era de esperar, el aumento del precio de la vivienda se relaciona directamente con el aumento de la cantidad de familias viviendo en campamentos, en una correlación de 62%, describiendo una alta influencia entre ambas variables.
Esta investigación además buscó revisar si el otorgamiento de subsidios influía en reducir el número de familias viviendo en campamentos, pero, al contrario, los datos indican que la correlación entre subsidios y familias en campamentos es directa; es decir, cuando en el mismo período de tiempo el Estado aumenta su otorgamiento de subsidios, aumentan las familias viviendo en campamentos.
En resumidas cuentas, el tan celebrado y vanagloriado subsidio habitacional, que surge en plena dictadura militar, sosteniéndose en el argumento de que el Estado sería ineficiente e incapaz de responder a las necesidades habitacionales de la población y que, por lo tanto, la solución del problema debía quedar en manos del sector privado (por ser, supuestamente, más eficiente y ágil en la gestión); en realidad se ha evidenciado como una pésima opción, desde la perspectiva de las necesidades populares. Luego de su implementación, al término de la dictadura militar, el problema habitacional se agudizó. Asimismo, al cabo de varias décadas de gobiernos “democráticos”, uno tras otros, el capital privado ha seguido recibiendo cantidades millonarias de recursos públicos, sin haber disminuido significativamente el problema de la vivienda.
En todos estos años, lo que está claro es que, el mecanismo de subsidios habitacionales en manos del sector privado no ha servido para dar respuesta al problema de vivienda de la mayoría popular. ¿Por qué se mantienen vigentes? Por la misma razón que le dio su nacimiento a comienzo de la década de los 80s: porque son un medio fundamental para garantizar la actividad y ganancia del capital privado, pero con recursos públicos, mientras alimenta la ilusión de la “casa propia” como una posibilidad “real” para todas las familias pobladoras. Se mantiene así el lucrativo desequilibrio entre una demanda habitacional altísima, para una oferta completamente capturada por el gran empresariado inmobiliario. Negocio redondo.
Este especial digital fue elaborado por el área de Habitabilidad de la Organización de Profesionales ConVocación. Cualquier duda o preguntas nos puedes escribir a equipo.convocacion@gmail.com. También nos puedes encontrar en:
