Por Área Habitabilidad de ConVocación
En 2022, Boric y su ministro de Vivienda, Carlos Montes, hicieron público el Plan de Emergencia Habitacional (PEH), instrumento prometido en campaña electoral, con el cual buscarían hacer frente a la crítica situación de la vivienda en Chile. Al cabo de un año transcurrido, dicho plan se vuelve a instalar en la coyuntura para anunciar los primeros avances que, según dicen, ya se deberían comenzar a ver.
El PEH promete ser reflejo de una nueva política habitacional, distinta a la gestión de la vivienda encabezada por los gobiernos de la ex Concertación y la derecha los últimos 30 años, ya que supuestamente buscaría que el Estado asuma un rol central. De hecho, se plantea como objetivo general “recuperar el rol del Estado en la planificación y gestión habitacional para avanzar en el derecho a la vivienda digna y adecuada, evitando los abusos y la especulación”. Además, indica que éste asumiría “un papel protagónico para enfrentar la emergencia habitacional, actuando con sentido de urgencia” y utilizando “todos los instrumentos disponibles”.
ConVocación revisó con detención la propuesta del Ejecutivo ya que, como hemos abordado en documentos anteriores, más allá de los grandes anuncios y pomposas declaraciones de cada gobierno de turno, la política de vivienda ha estado históricamente trazada y delimitada según los intereses de quienes comandan el modelo de producción y acumulación de riqueza en Chile. La política del gobierno de Boric no es la excepción.
En este apartado realizaremos un análisis de los objetivos, principios rectores y principales medidas contenidas en el PEH, para evidenciar y denunciar, no sólo que se trata de una política a todas luces insuficiente ante la urgente crisis habitacional que vive el pueblo, sino también y sobre todo, que no implica ninguna transformación real en cuanto al rol del Estado en materia habitacional, manteniendo intacto el control de la producción habitacional en manos del gran capital inmobiliario.
«Un Plan de Emergencia Habitacional sin sentido de urgencia»
El primer objetivo del PEH plantea “Contribuir a la reducción del déficit habitacional cuantitativo, en particular el derivado del allegamiento, del hacinamiento, de la habitabilidad precaria y los campamentos, en todas las comunas del país.” Para cumplir esto, se anuncia que en el periodo presidencial 2022-2025 se entregarán 260.000 viviendas, las que según el gobierno corresponden al 40% de la demanda habitacional proyectada. Sin embargo, este es un porcentaje un tanto engañoso. En 2022, la cantidad de viviendas faltantes se calculaba en 643.534; recientemente el Gobierno informó que la necesidad de viviendas aumentó a 650 mil, siendo la cifra más alta desde 1996. Bien sabemos que esta cifra seguirá aumentando en este contexto de crisis habitacional, y que para 2025 el número de familias viviendo allegadas, hacinadas, en condiciones precarias y en campamentos, será aún mayor; por lo que la cobertura del programa será insuficiente.
De las 260.000 viviendas comprometidas en el PEH de Boric, en la práctica, el total de viviendas por ejecutar en su administración será, en el mejor de los casos, sólo de 135.590 soluciones habitacionales, pues el otro 40% corresponde a proyectos de vivienda heredados de la administración del gobierno de Piñera, los cuales ya se encontrarían en el banco de proyectos de SERVIU o actualmente en ejecución.
La oferta de suelo urbano es limitada, por definición, de manera que la propiedad del suelo termina siendo una fuente de ganancia garantizada, para aquellos sectores que acaparan este recurso vital.
Pero, incluso considerando estos conjuntos de vivienda social heredados de la anterior administración, la gestión habitacional del gobierno de Boric acusa una evidente lentitud. En 2022 se entregaron en promedio sólo 3.400 viviendas por mes, es decir, un 39% menos que las viviendas entregadas mensualmente entre los gobiernos de Bachelet y Piñera entre los años 2011 y 2021, las que en ese entonces llegaban a un promedio mensual de 5.600 soluciones habitacionales. No es de nuestro interés celebrar las cifras de la mezquina política habitacional de los gobiernos de la ex Concertación y la Derecha, sino establecer, mediante esta comparación, que el “Plan de Emergencia Habitacional” del actual gobierno, en términos cuantitativos, carece del sentido de urgencia que dice tener, especialmente considerando que en los últimos años la cantidad de viviendas requeridas ha crecido de manera acelerada a una tasa del 9% anual.
«Ni falta de suelos, ni falta de viviendas, sino especulación inmobiliaria y con aval del Estado»
Si bien, el carácter de “emergencia” del PEH deja mucho que desear, al revisar la gestión habitacional del primer año del actual gobierno, esta sensación se hace aún más clara al detectar que la implementación de dicho plan seguirá dependiendo, en los hechos, de la oferta, gestión y producción del sector privado, tal como ha sido durante los últimos 40 años.
El PEH no sólo ensalza el “valor” del sector privado como un actor estratégico para enfrentar el problema habitacional, sino que además reduce las causas del problema a cuestiones tales como la “falta de suelos” y su “alto costo”. Sin embargo, como hemos señalado en columnas publicadas anteriormente, en Chile no hay escasez de terrenos, ni tampoco escasez de viviendas. De hecho, la construcción de torres inmobiliarias y, por tanto, la oferta de departamentos nuevos, ha experimentado importantes aumentos durante los últimos veinte años. Según datos propios de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), entre el año 2004 y el año 2022, el stock de departamentos ha aumentado en un 164%, pasando de 37 mil departamentos disponibles en el año 2004, a casi 100 mil en el 2022.
Así mismo, una investigación realizada por el urbanista Iván Poduje detectó que, sólo en la Región Metropolitana, existen 3.024 terrenos de más de mil metros cuadrados promedio con potencial de construcción en altura. El 80% del total de estos son propiedad de inmobiliarias, bancos, aseguradoras, retail y particulares, y sólo el 10% es propiedad fiscal. Al llevar el total de sitios a valor de mercado, el Reporte Suelo Urbano en Santiago que elaboró Atisba, concluye que las 15.078 hectáreas registradas en el estudio de Poduje, tienen una valorización de 750 millones de UF, es decir, US$ 30 mil millones aproximadamente.
Por tanto, lo que hay en Chile, no es escasez de terrenos ni de viviendas, sino una concentración extrema de la propiedad inmobiliaria en muy pocas manos, es decir, un acaparamiento de terrenos y viviendas en manos de la minoría rica, que no necesita dichos recursos para vivir, sino para especular y obtener grandes rentas. Esta es la principal razón que determina los altísimos costos, convirtiendo a Chile en uno de los países con las viviendas más caras del continente.
En enero de 2023, la ministra Tohá en conferencia de prensa, hizo un llamado público al sector privado instándolo a poner terrenos “a disposición a precios razonables”. ¿Será esto a lo que se refiere el Gobierno cuando habla sobre “recuperar el rol del Estado” en materia de vivienda? ¿Será ese el “rol del Estado” en el gobierno de Boric: apelar a la buena voluntad del gran capital inmobiliario? ¿Pedir a los especuladores del suelo que se pongan una mano en el corazón? ¿Pedirles que no caigan en “excesos” al definir los precios del mercado de suelos? ¿Será que los ilustres ministros no se dan cuenta de que, si los dueños de Chile acaparan un recurso vital y limitado, como el suelo urbano, es precisamente para poder definir los precios y, así, obtener ganancias exorbitantes? La verdad es que estas declaraciones rayan con la ingenuidad extrema, o lisa y llanamente, con la estupidez. Lo único que queda claro al escucharlas, es que este gobierno no marcará ninguna diferencia con sus antecesores, manteniendo al Estado en su rol de mero financista y cómplice del gran capital inmobiliario.
Al plantear la “falta de suelos” y su “alto costo” como determinantes que impactan en la construcción de viviendas sociales, pero sin adentrarse en las causas que explican dichos factores, el gobierno de Boric asume como una condición dada la desposesión de la mayoría a partir del acaparamiento inmobiliario del gran capital. Su Plan de Emergencia Habitacional no esboza el más mínimo cuestionamiento al marco de desigualdad que viene provocando la crisis habitacional desde hace décadas, constituyendo una política social que, ni siquiera en sus definiciones teóricas, se propone reducir la desigual distribución de recursos urbanos. Al encubrir este marco de desigualdad, esta política social funciona, en los hechos, como barrera protectora del negocio inmobiliario en provecho de unos pocos.
Su Plan de Emergencia Habitacional no esboza el más mínimo cuestionamiento al marco de desigualdad que viene provocando la crisis habitacional desde hace décadas,.
Esto quiere decir que el gobierno de Boric, en el marco del Plan de Emergencia Habitacional, seguirá permitiendo que los más ricos de Chile compren y acaparen terrenos a destajo, reteniendo este recurso para especular, capturando la oferta de suelos urbanos a la espera de que estos aumenten su valor y en un futuro puedan venderse a un precio más elevado. Podrán así seguir acumulando riqueza, vendiendo el suelo que le han arrebatado a miles de familias pobres que se quedan sin lugar para vivir en la ciudad, y apropiándose, tras cada venta, de un plusvalor que no requirió ninguna inversión de su parte.
Paradójicamente, el Estado, si pretende atender la demanda habitacional, seguirá obligado a adquirir la mayor parte de los terrenos necesarios, comprándolos al sector privado. De hecho, el PEH contempla invertir cerca de 792 mil millones de pesos sólo en compra de terrenos. El absurdo de esto es que, en cada transacción comercial por un terreno privado, el Estado está pagando un plusvalor que él mismo ha generado, a partir de toda la regulación e inversión estatal en infraestructura, caminos, servicios, entre otros. En este sentido, no existe un “precio razonable” que justifique este millonario traspaso de recursos estatales hacia los especuladores inmobiliarios.
Cualquier política de vivienda que contemple que el Estado le pague al sector privado para disponer de suelo urbano para la construcción de viviendas sociales constituye, en definitiva, un derroche de recursos públicos, derroche que es imperdonable ante la gravedad de la actual situación de carencia habitacional que sufren miles de familias en Chile. El gobierno de Boric seguirá llenándose la boca hablando de la “emergencia habitacional”, mientras que, en los hechos seguirá avalando este gigantesco despilfarro.
Por otro lado, resulta curioso por decir lo menos, que en el PEH se declare la intención de utilizar “todos los instrumentos disponibles” para enfrentar la crisis, sin embargo, al mismo tiempo, para resolver el problema del acceso al suelo urbano para las viviendas sociales (cuestión que está en la raíz de cualquier solución habitacional), en el caso de terrenos privados, sólo se considera la compra de suelos, aun cuando existen otros mecanismos legales para que el Estado pueda disponer de este recurso fundamental. Por mencionar un ejemplo, la expropiación es un mecanismo legal vigente que se ha utilizado en múltiples ocasiones, por parte del Estado, para disponer de suelo que permita la creación de infraestructura vial y de transporte. Por el contrario, cuando se trata de aplicarlo para adquirir terrenos para la vivienda social, todos los gobiernos de los últimos 30 años, uno tras otro, han renegado de dicho mecanismo. Si una crisis habitacional como la que actualmente estamos viendo en Chile, no es un momento propicio para aplicar el mecanismo legal de la expropiación de suelos, entonces, ese supuesto “sentido de urgencia” y el carácter de “emergencia” de la política del actual gobierno, no son más que palabras muertas.
«La “diversidad” como coartada perfecta»
En su segundo objetivo específico, el PEH plantea: “diversificar y aumentar la oferta habitacional adecuada acorde a diversas necesidades, ciclos de vida y tipos de soluciones”. Bajo esta premisa se agrupan cerca de diez programas anunciados, cada uno con sus particularidades en relación al tipo de tenencia de la vivienda, las modalidades de acceso, la población a la que está dirigida, entre otros criterios que buscarían responder a una supuesta “demanda diversa” que se presenta como determinante en el problema de vivienda.
Sin duda, una política habitacional debe considerar las composiciones demográficas, las zonas geográficas y diversos factores significativos para el diseño de los conjuntos habitacionales; pero, el problema de la vivienda que aqueja a miles de familias pobladoras hoy no se resuelve simplemente con que el mercado entregue una “oferta diversificada”.
Sebastián Bowen, director ejecutivo de Déficit Cero, corporación creada y financiada por el gremio empresarial de la Cámara Chilena de la Construcción en alianza con Techo Chile, en entrevista con Radio Pauta comentó que el PEH “está completamente en la línea acertada que tienen que tener las políticas habitacionales«, ya que permite «diversificar los instrumentos de soluciones habitacionales […]. Hay una batería de distintos instrumentos que están siendo impulsados al mismo tiempo en torno a estas 260 mil viviendas que se pretenden construir«. Esto confirma la idea de instalar la “diversidad” como un eje fundamental de la política de vivienda, en la cual coinciden la mirada del gremio de empresarios de la construcción y la del gobierno de Boric.
Se celebran así, con entusiasmo, medidas tales como el “arriendo protegido” o la “autogestión habitacional y barrial”, entre otras iniciativas. La primera, por ejemplo, se presenta como una medida a través de la cual se impulsarían modelos de gestión privada y de cooperativas para un supuesto arriendo asequible para las familias más vulnerables y de bajos ingresos, pero que en cantidad representa un monto marginal de “soluciones” en relación a la demanda habitacional actual (tan sólo 8000 subsidios de arriendo). Por su parte, la promoción de “la autogestión habitacional y barrial”, por muy noble que pueda sonar la idea, no es más que continuar la tradición de renegar las obligaciones del Estado respecto de la producción de viviendas y la configuración de barrios, disfrazándola como un elogio a las habilidades de “autogestión” de los sectores populares.
Ahí está, creemos, el verdadero trasfondo de esta apuesta por la “diversidad”, anunciando una serie de medidas que poco o nada ayudan a resolver el problema de vivienda, pero que sirven mucho para disgregar a las familias sin casa en función de una “variedad” de condiciones particulares, sacando de escena a aquellos actores responsables del problema habitacional, evadiendo completamente las razones estructurales que lo generan. Funciona, en el fondo, como una cortina de humo que garantiza que, a aquellos sectores de la sociedad que llevan décadas enriqueciéndose acaparando y concentrando propiedades inmobiliarias, no se les tocará en nada el patrimonio del cual se han apropiado vergonzosamente; mientras tanto, para el centenar de miles de familias a las cuales se les ha arrebatado la posibilidad de acceder a suelo urbano y a una vivienda, se considera como una opción “justa” la posibilidad de arrendar o de “autogestionar” su hábitat. A los que se han apropiado de todo, se les garantiza seguir siendo dueños de todo, y a los que no tienen nada, se les ofrece vivir arrendando o resolver por cuenta propia la construcción de su vivienda. Tal es el nivel de contradicción e hipocresía del gobierno de Boric.
A los que se han apropiado de todo, se les garantiza seguir siendo dueños de todo, y a los que no tienen nada, se les ofrece vivir arrendando o resolver por cuenta propia la construcción de su vivienda.
En la misma línea, el PEH plantea una serie de principios rectores que “orientarían” la propuesta gubernamental, integrando elementos tales como “equidad de género”, “diversidad”, “sustentabilidad”, “descentralización”, entre otros. Cabría aquí preguntarnos: ¿de qué sirve incorporar estos elementos como “principios rectores” en el papel, si no se atacan las condiciones que causan el problema de la falta de viviendas para las familias populares? ¿De qué sirve declarar a los cuatro vientos estos principios rectores, mientras en la práctica, se mantienen las condiciones para el acaparamiento y la concentración extrema de la propiedad inmobiliaria? ¿Cómo es posible que estos principios rectores orienten la política de vivienda, mientras persista el control absoluto del capital privado (empresas constructoras, inmobiliarias, bancos) sobre el proceso de producción habitacional?
No sólo es ridículo, sino que es esencialmente tramposo declarar la intención de aumentar la oferta habitacional acorde a “diversas necesidades”, cuando en más de 40 años no se ha dado respuesta a la necesidad más elemental, transversal y compartida por toda familia, es decir, la necesidad de una vivienda. Según un estudio realizado por la compañía de inversión inmobiliaria “Activo Más Inversiones”, de cada seis personas interesadas en comprar una propiedad inmobiliaria, sólo una de ellas podría calificar para la obtención de un crédito hipotecario. Esto quiere decir que, por sobre cualquier supuesta “diversidad”, más del 80% de las personas en Chile comparten una misma condición que los iguala: ninguna de ellas puede acceder a una vivienda a través del mercado inmobiliario.
Es un engaño pretender explicar el problema habitacional, a partir de una supuesta poca diversidad de las soluciones habitacionales, cuando la verdad es que el problema de las familias sin casa, independiente de su conformación, se debe a las mismas causas y está mediado por las mismas condiciones de desigualdad: aquellas que garantizan que unos pocos, tan sólo por el inmenso poder económico que concentran, puedan enriquecerse arrebatando a millones aquello que necesitan para vivir dignamente.
La verdad es que todos estos elementos que apuntan a la “equidad de género”, “diversidad”, “sustentabilidad”, etc.; se instalan discursivamente, para presentar al PEH como una política con la cual se avanzaría en igualdad e inclusión, mientras al mismo tiempo, se mantienen intactos y protegidos los intereses de aquella élite económica que reproduce la desigualdad y que excluye sistemáticamente a la mayoría trabajadora del acceso al sistema de recursos urbanos de la ciudad. En pocas palabras, hablar mucho de “igualdad” e “inclusión”, mientras se mantienen las condiciones para la desigualdad y la exclusión.
«Las familias sin casa a merced del negocio inmobiliario, pero con “enfoque de derechos”»
El PEH se plantea como una propuesta enmarcada en un “enfoque de derechos”, pues apela a que el Estado de Chile posee un rol fundamental en garantizar el cumplimiento de los Derechos Humanos, al estar suscrito a tratados internacionales firmados hace más de 70 años. Sin embargo, la evidencia nos muestra que el marco institucional internacional ha validado sistemática y periódicamente los modelos de producción de vivienda y generación de negocios a partir de necesidades vitales de las personas.
Chile no es la excepción y, evidentemente, esto no debe sorprendernos. En toda democracia capitalista se proclaman un sinfín de “derechos”, que sólo sirven para alimentar la ilusión de la mayoría, pues su ejercicio real siempre está supeditado a las condiciones de la dominación económica, es decir que la posibilidad real de ejercer dichos derechos está mediada por las condiciones de clase de cada uno, y no por tal o cual “declaración de derechos”, “carta fundamental” o como se le quiera llamar al papelito. Aun cuando se declara la vivienda como un “derecho”, ese derecho se le niega permanentemente a la mayoría en Chile, toda vez que se permite la concentración de suelo urbano y viviendas en manos de unos pocos grandes propietarios, mientras el resto de la población debe seguir esperando y soñando con una “casa propia” cuyos precios la vuelven cada vez más inalcanzable.
Plantear un supuesto “enfoque de derechos” como marco para la implementación del PEH, no es más que un panfleto ideológico para engañar a la población chilena, mientras no exista la intención de revertir, o al menos contrapesar, las condiciones de desigualdad que permiten que unos pocos acaparen, especulen y se enriquezcan, a partir de la apropiación total de aquellos recursos que son esenciales para vivir en la ciudad, dejando a la mayoría sin suelo y sin techo.
Y si bien las contradicciones del PEH del gobierno de Boric saltan a la vista, la guinda de la torta es, probablemente, declarar este supuesto “enfoque de derechos” (sosteniendo que la vivienda constituye un derecho humano universal), y al mismo tiempo, consagrar la lógica neoliberal de la “focalización” de recursos. Decimos que esto es contradictorio, porque la “focalización” se basa en el argumento de pretender optimizar los recursos del Estado apuntando a quienes más lo necesitan, sin embargo, el Estado seguirá en la lógica de comprar suelos pagando precios inflados por la especulación y otorgando subsidios millonarios a una oferta controlada por el capital privado, lo que constituye por definición un despilfarro de recursos que, en los hechos, niega el acceso a vivienda para la mayoría y condena al hacinamiento extremo a las pocas familias que consiguen su subsidio habitacional.
Además, la lógica de la “focalización” ha demostrado ser un fracaso en materia de vivienda, desde el momento en que la cantidad de familias sin casa no ha dejado de aumentar, mientras los subsidios asignados se han mantenido en un nivel completamente insuficiente, tal como se ve en los gráficos a continuación. La desproporción entre la cantidad de familias que requieren una vivienda y la cantidad de subsidios asignados es escandalosa.
Lo cierto es que la lógica de la “focalización” sólo ha servido para asegurar una demanda constante y siempre creciente para el negocio privado de la vivienda y dejar a cada vez más familias trabajadoras a merced de la usura de los bancos, promoviendo al mismo tiempo, la división de los sectores populares, separándolos según mediciones arbitrarias de “vulnerabilidad” que en nada representan sus reales condiciones de vida, y que terminan fragmentando su identidad como parte de un mismo pueblo.
El allegamiento, la habitabilidad precaria y los campamentos son todas condiciones habitacionales injustas, que son impuestas a las familias populares de nuestro país, aun cuando Chile se asume como un país bajo régimen de “Estado de Derechos” y de “garantías democráticas”. Según el Índice Real de Precios de Viviendas, entre el año 2016 y el 2022, las propiedades han aumentado un 34% su valor en términos reales (es decir, un 34% por sobre la inflación), mientras los sueldos sólo han aumentado en un 6% su poder adquisitivo, durante el mismo período de tiempo.
Por tanto, para la mayoría de las familias populares es imposible acceder al suelo urbano o a una vivienda, en primer lugar, por su situación de pobreza (la mayor parte son familias pobladoras, que son las familias trabajadoras más empobrecidas, aquellas que, por lo general, deben sustentarse con los trabajos peor pagados y más precarizados); y en segundo lugar, porque dichos recursos urbanos (suelo y vivienda) les son arrebatados por los especuladores inmobiliarios, quienes los acaparan para tener control absoluto de la oferta mientras la demanda aumenta incesantemente, aprovechando esta situación para extraer plusvalía.
Ante tal escenario, declarar este supuesto “enfoque de derechos” no es más que letra muerta, si no se plantean medidas concretas que impliquen poner atajo al acaparamiento de estos recursos urbanos vitales, en manos del gran capital inmobiliario. Evidentemente, en ninguna parte del PEH se plantea alguna medida concreta que vaya en esta línea.
«La eterna promesa de la “integración social”, perpetuando la exclusión y desposesión de la mayoría»
En su cuarto objetivo específico, el PEH plantea “favorecer la integración social y la regeneración urbana, expandiendo la oferta de viviendas de calidad y a precios asequibles en diversas localizaciones”. La principal medida propuesta para esto, es el famoso Banco de Suelo Público, que consiste en identificar los suelos que son de propiedad estatal y evaluar su eventual disponibilidad para la construcción de viviendas sociales. Sin embargo, como indicamos anteriormente, la mayor parte de los terrenos disponibles para la construcción de viviendas son propiedad de actores privados, por lo que la eventual solución al problema habitacional sigue, mayoritariamente, bajo control de estos últimos.
En relación con esto, el PEH propone que el Estado compre terrenos privados “para futuros proyectos”, es decir, antes de haber desarrollado los proyectos habitacionales, lo que supondría agilizar la gestión. Ahora bien, esta medida no implica ninguna novedad, pues desde antes del gobierno de Boric, ya existen mecanismos en la política de vivienda que permiten la compra de terrenos previo al desarrollo de proyectos de vivienda social. Ejemplos de esto son la Glosa 10 (ex Glosa 12) y la Glosa 11, del D.S.49 del Minvu, sin embargo, dichos mecanismos han evidenciado ser completamente insuficientes para dar respuesta ágil y oportuna a una demanda habitacional en aumento, producto de un mercado de suelos completamente entregado a la especulación. El PEH del gobierno de Boric no hace más que reiterar medidas que ya existen en el bagaje de la política de vivienda, y que además no han estado a la altura de la tarea.
Cabe mencionar también que, durante las últimas décadas, el patrimonio inmobiliario se ha convertido en uno de los sectores más rentables y atractivos para la inversión del gran empresariado y las corporaciones financieras, conformando una sintonía de intereses que, confluyen con la corrupción política de los burócratas de cada gobierno, para quienes las necesidades populares no valen nada, especialmente, cuando los precios de los suelos urbanos se disparan. Esto ha generado un escenario en el cual la especulación urbana no ha hecho más que aumentar, haciendo imposible la planificación racional de las ciudades de nuestro país y, por lo tanto, contradiciendo cualquier declaración de buenas intenciones en pos de la “integración social”.
Así, la profunda segregación espacial que caracteriza a nuestras ciudades, es el resultado de un proceso de desarrollo urbano en el cual, los actores con mayor poder de decisión son aquellos que controlan la propiedad del suelo y para quienes dicho recurso representa sólo un valor de cambio, es decir, su valor está en función de cómo se intercambia en el mercado. Por el contrario, aquella mayoría que no es propietaria de suelo, pero para la cual dicho recurso representa un valor de uso (es decir, en tanto usuarios de éste), queda inevitablemente relegada a un lugar secundario y de escasa o nula incidencia en la organización del espacio urbano y las condiciones que configuran su hábitat. Por lo tanto, mientras el capital privado controle el recurso suelo y la producción habitacional, tendrá también el control de los procesos de desarrollo urbano de las ciudades de nuestro país, dejando la “integración social” y la “vivienda de calidad” relegadas a nada más que un pequeño lugar en los discursos de la elite política, para sostener el engaño y la traición sistemática a las esperanzas populares.
«Ideas de la organización»
Resulta a todas luces evidente, que el Plan de Emergencia Habitacional del gobierno de Boric, carece de sentido de urgencia y carácter de emergencia, pues en su propuesta no existe ningún cambio o discontinuidad sustantiva respecto de lo que han sido las políticas de vivienda de los últimos 40 años.
No se vislumbra ningún cambio relevante que apunte a revertir el nivel de control del gran capital inmobiliario sobre los procesos de desarrollo urbano y producción habitacional, ni tampoco alguno que apunte a fortalecer el rol del Estado, el cual se mantiene como mero facilitador de recursos y, por tanto, cómplice del enriquecimiento privado con dineros públicos, todo esto a costa de la necesidad de vivienda de las familias populares.
Despejando todos los elementos decorativos del discurso, limpiándolo de todos aquellos recursos lingüísticos que intentan hacer alusión a algo “nuevo”, “inclusivo” o “diverso”, barriendo toda invocación exacerbada a la “calidad”, la “protección” o la “integración”, lo que queda, es la misma política de vivienda que ha primado por décadas, la misma política que se ha eternizado al servicio de la minoría acaparadora y privilegiada, y en contra de la mayoría pobre y desposeída.
El Plan de Emergencia Habitacional es, en el fondo, una política absolutamente neoliberal, pero revestida con elementos de tipo cultural e identitario, que sitúan el problema en campos meramente simbólicos. ¿Todo esto para qué? Para poder implementar medidas que consagran el negocio inmobiliario de unos pocos, pero validándose como “progresistas”. Una propuesta tramposa, propia de un gobierno que, a un año de ser elegido, ya ha echado por el suelo todas sus promesas de cambio, manifestando en los hechos su obediente determinación a portarse bien con los que mandan en Chile, formulando un plan de vivienda que sólo sirve para que el pueblo siga esperando, postergándose y humillándose ante el poder económico.
Este especial digital fue elaborado por el área de Habitabilidad de la Organización de Profesionales ConVocación. Cualquier duda o preguntas nos puedes escribir a equipo.convocacion@gmail.com. También nos puedes encontrar en:
