Por Área Habitabilidad de ConVocación
Desde que la dictadura militar instauró el neoliberalismo, las políticas públicas se convirtieron en mecanismos encubiertos de traspaso de recursos estatales hacia los empresarios; todo esto bajo la pantalla de una “alianza entre el sector público y el sector privado”, a través de la cual se instaló en el imaginario del pueblo la necesidad de compensar la burocracia estatal con una supuesta “eficiencia” empresarial, en pos de dar respuesta a los problemas sociales.
El contexto descrito anteriormente ha propiciado las condiciones de desigualdad e injusticia que atraviesa el pueblo en el sentido de que el Estado, cómplice y aliado de los empresarios, ha dispuesto un marco regulatorio con condiciones expeditas para financiar diversos negocios con recursos públicos, demostrando el peso que ejerce este bloque y cómo se construyen las políticas en favor de los capitalistas.
Hoy existen más de 650 mil familias sin vivienda, y según cifras actualizadas a marzo de 2023, más de 114 mil familias viviendo en más de 1000 campamentos distribuidos a lo largo del país.
Para el caso de la vivienda, es aún más evidente que la “alianza” público-privada no es más que un recurso ideológico, pues a diferencia de lo que ocurre en el ámbito de la salud o la educación, el Estado ha delegado prácticamente toda la producción habitacional en manos de los empresarios. Paradójicamente, el problema de la vivienda no ha hecho más que agravarse durante décadas, sacando a la luz las contradicciones propias de una producción urbana y habitacional orientadas hacia la ganancia empresarial, y no hacia las necesidades de la población.
Hoy existen más de 650 mil familias sin vivienda y según cifras actualizadas, a marzo de 2023, más de 114 mil familias se encuentran viviendo en más de 1000 campamentos distribuidos a lo largo del país. Entidades públicas y privadas lo han conceptualizado bajo la noción de “déficit habitacional”, concepto que ya hemos abordado en documentos publicados anteriormente, en los cuales hemos planteado que el discurso oficial construye un relato del problema de la vivienda reduciéndolo a algo meramente cuantitativo: déficit, pero esta noción sólo sirve para ocultar las causas reales que provocan el problema y, por lo tanto, deja intactos los poderosos intereses de quienes sacan provecho del negocio inmobiliario.
En un 66%
ha incrementado la necesidad de viviendas en tan solo 7 años
(Estimación del gobierno actual informado a la prensa, 2022)
En Convocación sostenemos que el concepto de “déficit habitacional” es impreciso y tramposo, pues pretende instalar la idea de que el problema de la vivienda se debe a una supuesta “escasez de terrenos” o a una “escasez de viviendas”. Pero eso está lejos de ser verdad.
La noción de "plan de emergencia" no es más que un recurso discursivo frente al insuficiente paquete de medidas propuesto. De hecho, no marca ninguna diferencia sustancial con la política de vivienda de las últimas década.
Para abordar la dramática situación de la vivienda en Chile, el gobierno de Boric presentó su «Plan de Emergencia Habitacional», uno de sus bastiones de campaña y su manera “alternativa” de gestionar el problema de la vivienda. Sin embargo, y tal como ha sido la tónica de su administración, la magnitud del anuncio se desacopla totalmente de sus reales alcances, donde la noción de “plan de emergencia” no es más que un recurso discursivo frente al insuficiente paquete de medidas propuesto. De hecho, no marca ninguna diferencia sustancial con la política de vivienda de las últimas décadas; por el contrario, mantiene intacto un negocio descomunalmente lucrativo en favor de los empresarios.
Este especial digital fue elaborado por el área de Habitabilidad de la Organización de Profesionales ConVocación. Cualquier duda o preguntas nos puedes escribir a equipo.convocacion@gmail.com. También nos puedes encontrar en: