El escenario que ha traído la pandemia del COVID-19 no solo ha puesto en tensión el sistema de salud de nuestro país, sino que ha sacado a relucir las contradicciones más profundas que existen entre la gran mayoría trabajadora y los intereses de empresarios y gobernantes. Entre las esferas donde se expresa de manera más fuerte estas tensiones es en el ámbito económico, donde se observa a un gobierno que -sin vergüenza- ha optado por poner a las y los trabajadores a disposición de la estabilidad económica a disposición de la acumulación de capital y no al revés. Esta forma de cargar la balanza hacia un lado, se traduce en entregar mayor libertad de acción a las empresas -¡mayor aún de la que tenían!-, pero lo que no significa realmente una protección a la pequeña empresa, a la dueña del negocio del barrio o de una distribuidora que da empleo a pocas personas; y al mismo tiempo deja a su suerte a la gran mayoría de trabajadores, para que resistan esta crisis cada uno por su cuenta, rascándose con sus propias uñas. 

Frente a esta pandemia, muchos locales del comercio han cerrado; algunas empresas y fábricas han detenido su producción para, aparentemente, contener una emergencia sanitaria que, a sabiendas de lo que iba a suceder, tardíamente se ha intentado controlar, siempre con la guía del poder económico y con un claro sesgo de parte de las autoridades, las cuales han buscado mantener en funcionamiento los ciclos económicos de nuestro país, que ya poco nos favorecían desde mucho antes de la pandemia, incluso a costa de las vidas de las personas.

En este contexto, el gobierno lanza su paquete de medidas económicas cuál salvavidas que mantendrá a flote el mercado chileno y sostendrá el equilibrio que había alcanzado el “oasis de latinoamérica”. En la misma línea, el empresariado amenaza con volvernos el país más pobre del continente si, según sus propias palabras, continúa el actual receso -que deviene de la construcción que ellos mismos han dado pie, una economía dependiente y vulnerable, en la que el pueblo paga los platos rotos-. Considerando lo anterior, el desplome económico parece ser la mayor preocupación del gobierno y de los grandes empresarios, pero esto no responde a una sincera consideración con el pueblo trabajador, sino a mantener en pie a un sistema que desde su génesis ha llenado los bolsillos de unos pocos a costa de la explotación de la clase trabajadora.

Medidas económicas que protegen ganancias.

En los anuncios realizados por el gobierno el 23 de marzo, el ministro de Hacienda informa que, dentro del nuevo “Plan de Protección de Empleos y Recuperación Económica”, se encuentran los ámbitos de “protección de empleos”, la inyección de liquidez (es decir, dinero circulante) a las empresas y la complementación de ingresos de los “más vulnerables”. Estas medidas buscan funcionar como un parche que sostenga la emergencia de forma transitoria hasta que este modelo económico neoliberal logre superar y renovarse frente a una crisis económica de la cual es, principalmente responsable.

En total, se movilizarán casi US$12.000 millones, correspondientes a casi al 4,7% del producto interno bruto del país, una cifra de alto calibre desde el punto de vista del gasto fiscal, de los cuales solo US$2.000 millones se inyectarán, bajo ciertas condiciones, al fondo de cesantía para suplir las remuneraciones. Esto ocurrirá cuando el empleador, bajo la ilusión del mutuo acuerdo con el trabajador, decida no seguir pagando el correspondiente sueldo, todo esto con el beneplácito del gobierno.

En cuanto a la inyección de liquidez, esta consta de medidas tributarias que están orientadas principalmente a la suspensión en pagos de impuestos a la renta, al pago a las contribuciones, la anticipación de la devolución de impuestos, postergación del pago del IVA, la liberación de algunos trámites burocráticos y, finalmente, la posibilidad de deducir de impuestos los gastos asociados a enfrentar la crisis, sin detallar los criterios. Todas estas medidas entregan, a costa de la billetera fiscal, recursos a las empresas para no solo mantenerse activas, sino también mantener las grandes utilidades que rigen su actuar. Por otro lado, otras medidas de inyección de liquidez serán adelantar el pago de facturas, se habilitará una compra más rápida para proveedores y se hará una nueva capitalización del Banco Estado para aumentar su capacidad crediticia para empresas. Todas estas medidas movilizarán más de US$8.600 millones directamente del fisco (1).

Es importante entender que el Estado siempre libera medidas económicas para evitar las continuas crisis del modelo económico, es decir, moviliza recursos en función de mantener activa el área económica y el comercio sin mayores repercusiones para los grandes empresarios y sus ganancias. Sin embargo, estas medidas revelan la indolencia del gobierno frente al pueblo trabajador, dejando en evidencia las siguientes consecuencias:

¿Protección al empleo o Protección al empresario?

Al analizar las medidas, se nota una planificación neoliberal de los recursos del Estado, la que da cuenta una desconexión total de la realidad en la que vive la mayor parte del país, la cual no está incluida en su organización de los recursos. La medida de “protección al ingreso laboral” basada en el uso del Seguro de Cesantía busca garantizar la continuidad laboral y apoyar a los empleadores, pero a costa de la reducción del sueldo que percibe un trabajador. El primer mes de pago se entrega el 70% de la remuneración promedio de los últimos 12 meses; el mes siguiente un 55%; y luego sigue disminuyendo hasta llegar al 30%. Frente a esto nos preguntamos, si ya los salarios de la gran mayoría del país son bajos y no alcanzan para cubrir los gastos mensuales básicos de una familia, ¿cómo se espera que la misma familia enfrente la crisis con un sueldo aún menor? Más aún si consideramos que el nivel de endeudamiento alcanza a un 75% de la población.

Luego, si se considera que al menos el 39% de la fuerza laboral no cuenta con un contrato de trabajo que le permita acceder al Seguro de Cesantía, y al verlo según decil se observa que en los sectores más pobres este grupo es más de la mitad de los ocupados (2), ¿cómo se piensa que resistan la crisis y se cuiden para no contagiarse y contagiar a otros de este virus? 

«¿alguien cree que se puede vivir con un bono de $ 50.000 por una sola vez mientras dure la pandemia?«

Desde el Gobierno se ha decretado que para este tipo de trabajadores, que corresponde a 3.600.000 personas, existirá un bono, el Bono COVID-19, destinado a las familias que reciben el Subsidio Único Familiar (SUF) que entrega un monto de $50.000 por carga o causante una sola vez. Si bien este beneficio podría llegar al 60% más vulnerable del país, ¿alguien cree que se puede vivir con un bono de $ 50.000 por una sola vez mientras dure la pandemia? Con estas medidas las autoridades ocultan la situación que realmente ocurrirá: estos trabajadores, en vista de su escasez de recursos, se verán forzados a trabajar durante el extenso período que pueda durar el coronavirus.

De esta forma, se observa cómo estas medidas no representan en ningún caso un aporte a las familias y las personas, sino que  son subsidios a las empresas, disfrazados de exención a sus escasas obligaciones financiera con el Estado, y liberadas de sus responsabilidades con los trabajadores. Las acciones del gobierno son formas en que el capitalismo implanta la lógica de la acumulación, dejando en segundo plano el elemento central frente a la crisis: la vida y salud de las personas. Y esto no sólo queda en evidencia en la forma en que se priorizan los recursos, sino también en la constante resistencia del Gobierno y sus Ministerios, a generar cierres que, más allá de hacer decaer el gran comercio, aseguren la salud de nuestro pueblo. La gran jugada de este gobierno neoliberal es mantener los empleos para que, pasada la crisis, las y los trabajadores puedan seguir llenando los bolsillos de los grandes empresarios.

Desde los sectores más progresistas (incluso liberales) se ha hecho el llamado a que el Estado comience a gastar más recursos para proteger a las familias, aunque eso implique endeudarse. Si bien esta medida de seguro ayudará a sortear la crisis sanitaria y económica que se viene, no representa una alternativa que nos permita darle solución al problema de raíz. Dado que la estructura misma del capitalismo se basa en constantes crisis, son los mismos defensores del sistema neoliberal quienes pegan el grito en el cielo para que el Estado intervenga el mercado, pero que una vez superado el momento vuelva al lugar que el poder económico le ha construido: lejos del juego de los privados. Es por esto que debemos aprovechar la crisis para ir más allá y cuestionar las bases mismas de este sistema económico, que está lejos de proteger a las personas y la vida misma en el planeta.

Finalmente, cabe recalcar que estas medidas, lejos de contener la situación económica para enfrentar esta crisis multidimensional, son una clara aplicación de políticas monetaristas expansivas, es decir, un ejercicio neoliberal con el fin de mantener intactas las las ganancias de los grandes empresarios y cuyo único resultado será sacrificar las vidas de las y los trabajadores para implementar un paquete de medidas que no cumplirán el objetivo para el cual están diseñadas.

Cambiar el modelo para cambiar nuestro futuro.

La actual crisis sanitaria no solo tendrá costos inmediatos en vidas humanas (principalmente de la clase trabajadora) sino también dejará a miles de hombres y mujeres sin su fuente de ingresos, sumergidos en una pobreza multidimensional sin precedentes. Porque bajo un sistema económico que condena al sobreendeudamiento, no hay hogar que pueda soportar una cuarentena. En esta misma línea, cuando el gobierno propone una postergación del pago de servicios básicos (ni hablar de no pagar) deja en evidencia lo absurdo de someter a la lógica del negocio privado empresas fundamentales para la vida, como lo son las sanitarias y empresas de energía, entre otras. Sin embargo, la minoría privilegiada de este país, es decir, empresarios dueños de los medios de producción, seguirán llenando sus bolsillos a costa de la explotación del pueblo trabajador, o al menos mantendrán intactas sus ganancias. 

Cabe preguntarse ¿quiénes pagan y pagarán los costos de esta crisis? Despidos masivos, subsidios a las ganancias privadas y continuas apariciones del empresariado en medios de comunicación nos dan una clara idea. En concordancia con lo anterior, el gobierno en alianza con la oposición se enfrasca en discusiones parlamentarias fatuas que revelan una total desconexión con la realidad de la población, fomentando salvatajes económicos a una industria privada que no concibe el prescindir de sus abultadas ganancias,  y dilapidando los escasos ahorros individuales del seguro de cesantía, demostrando lo frágil de un sistema laboral basado principalmente en actividades ligadas al comercio y en gran parte a las actividades informales.

Frente a la profunda deshumanización del sistema, nuestra apuesta es por la vida del pueblo trabajador, es la completa transformación no solo del modelo económico, sino de los principios que rigen a la sociedad actual. Creemos necesaria la propiedad social de los medios de producción, la planificación estatal de la economía que aborde las necesidades reales de la población y la distribución justa e igualitaria de los recursos. Es imperante eliminar el mercado y la propiedad privada de nuestra economía, recuperando empresas estratégicas vitales para nuestro diario vivir, y los recursos naturales que hasta hoy solo han llenado el bolsillo de unos pocos a costa de la destrucción de variadas formas de vida.

La sociedad justa e igualitaria que queremos construir precisa de todo nuestro trabajo y conocimiento, nos necesita organizados y rebeldes frente a este enemigo común que es el neoliberalismo. Solo cambiando el modelo, podremos cambiar nuestro futuro.

¡Frente al neoliberalismo que nos quiere condenar, el profesional rebelde se organiza para luchar!