En ConVocación denunciamos que, pese a que más de 2 millones de usuarios se encuentran en lista de espera y el 80% de la población está inscrito en Fonasa, la urgencia de la salud ha girado en torno a la “supuesta crisis” de las aseguradoras privadas: las isapres, quienes a pocas semanas del destape recibieron de inmediato una propuesta del Gobierno, mientras se obvia todo el daño que han ocasionado al sistema público de salud.  

 

Por Profesionales ConVocación 

 

Las isapres han sido acusadas de colusión por subir sus precios ilegalmente y de apropiación indebida de excedentes de cotizaciones de usuarios a los que han aplicado tablas de factores de riesgo que discriminan por sexo y edad, a pesar de fallos de la corte suprema y el tribunal constitucional (2010) que condenaron su actuar e instaron a no utilizarlas, porque justamente atentan contra el derecho al acceso y protección de la salud.

Sin embargo, durante décadas las isapres han hecho oídos sordos a estos fallos legales y han persistido elevando los precios de los planes y usando las cuestionadas tablas de factores de riesgo. Por más de tres décadas las isapres amasaron fortunas de hasta 1,3 billones de pesos.

Además, estas exorbitantes ganancias no se logran por la “competencia” si no por la “selección de carteras de clientes sanos, jóvenes y en su mayoría hombres, que son los que menos atención médica requieren”.

Los únicos agentes económicos que han podido tener la “libertad de elegir” realmente han sido las isapres, eligiendo a quien tienen en sus planes para así perfeccionar su modelo de negocios el cual se basa en ofrecer seguros que no se usen o se usen lo menos posible.

Hoy las isapres reclaman pérdidas en 2021 y 2022 ($127.927 y $138.089 millones respectivamente), han despedido desde noviembre del año pasado a la fecha a 1500 trabajadores y advierten el perjuicio sobre los afiliados y las repercusiones en el sistema de salud si es que llegan a quebrar.

Si bien el gobierno de Boric ha vociferado no querer dar un “perdonazo” a las isapres, su propuesta en la práctica es mano blanda y un negociado para que devuelvan lo robado en cómodas cuotas en 24 meses y un indulgente tiempo para que logren su “equilibrio financiero”, con medidas graduales que “rescaten a los usuarios de las isapres” y no precipiten la quiebra de estas instituciones, lo que está lejos de erradicar su negocio de una buena vez. Incluso no descartan la opción de solicitar más tiempo a la Corte Suprema para poder aplicar el fallo sobre la tabla de factores, el cual vence en mayo.

En eso consistiría la ley corta de las isapres que propone la flexibilización de los pagos de excedentes a los usuarios prorrateándolos en un plazo de 24 meses -hasta 36 meses plantea la oposición- incluso mediante el congelamiento de los precios finales, plazo durante el cual los dueños de las isapres no podrían retirar utilidades. Junto con el “refuerzo de FONASA” para “rescatar a los afiliados de las isapres” generando un fondo E que consagra el desvío de fondos públicos al negocio de los prestadores privados de salud.

En la edición N°3 de La Posta de ConVocación hicimos un análisis de cómo se incubó esta situación y cuál es la propuesta del gobierno para hacerle frente derribando de paso algunos de los mitos fundacionales del neoliberalismo como son <<la libertad de elegir el sistema de salud>> y que <<lo privado es más eficiente que lo público>>.

En el especial, fue fundamental abordar por qué el negocio privado de la salud no es compatible con la lógica sanitaria que debiese tener, pues debería prevenir y promover una vida saludable y atender las necesidades de las personas cuando enferman, sin importar su poder adquisitivo. 

La propuesta de ley corta de isapres del gobierno de Boric provoca que una vez más el Estado opere como celador de los intereses empresariales, generando condiciones para que el negocio de la salud se siga proyectando.