El negocio con la enfermedad: ¿Por qué deben morir las Isapres?

En las sociedades de clases la salud siempre ha sido desigual. A lo largo de la historia, tanto las enfermedades como las pandemias han azotado de manera más encarnizada a los pobres. Con la implantación del neoliberalismo en los años 80, la mercantilización se profundizó en todas las esferas de la vida. La salud fue uno de los ámbitos más afectados porque comenzó, desde ese momento, a regirse por cuatro pilares, el negocio, la desigualdad, la precarización de lo público y el enfoque curativo. De este modo, todo el sistema de salud se volcó a llenar los bolsillos de unos pocos empresarios a costa de la enfermedad y sufrimiento de las familias trabajadoras. Fue así como, en plena dictadura militar, se crearon las Isapres bajo la figura de una “aseguradora de salud”, pero que, desde sus inicios, poco cumple dicha función. Este sistema creado en los 80’ y perfeccionado en “democracia” juega un rol fundamental en el modelo neoliberal, ya que permite asegurar ganancias a empresarios que no tienen ningún interés en la seguridad social.

Ya se anunció esta realidad durante el Estallido Social de octubre pasado, cuando el pueblo se cansó de los abusos y dejó en evidencia, junto a tantas otras injusticias, la precarización de la salud pública con sus largas listas de espera, falta de insumos y con consultorios y hospitales colapsados. Hoy la emergencia sanitaria, a causa de COVID-19, vuelve a mostrar la injusticia e inhumanidad del sistema, las Isapres están más interesadas en subir sus planes y disminuir sus pérdidas, antes que ser parte de políticas de salud pública por el bienestar de toda la población. Es por ello, que a continuación presentamos un análisis de las razones por las cuales las Isapres y todo el mercado de la enfermedad debe morir para que el pueblo pueda vivir dignamente.

Un negocio redondo

Las Isapres si bien son aseguradoras privadas realizan la recaudación de sus fondos mediante mecanismos obligatorios, es decir, avaladas por la estructura pública e institucional. Actualmente, se constituyen bajo la estructura de seguros de salud pero reciben el dinero de la cotización obligatoria de salud, el 7% del sueldo de las y los trabajadores. Junto a esa cifra que obtienen, suman una prima según el riesgo de enfermar de las personas, situación que les permite discriminar a las personas que quieran asegurarse por esta vía, seleccionando así a solo a quienes tengan la capacidad de pagar el alto plan que ofrecen.

En el primer trimestre del 2020, en plena pandemia, estas sus utilidades aumentaron en 87,6% en comparación al mismo periodo del año pasado, llegando a 18 mil 198 millones de pesos, gracias a la disminución del gasto en prestaciones médicas y procedimientos no urgentes como consecuencia del COVID-19 (1)

La población afiliada a las Isapres es menos del 20% y corresponde a la población chilena con mayores ingresos, más joven y con un menor posibilidad de enfermar. Esta situación no es azarosa, es parte de la estrategia de las Isapres para aumentar sus ganancias. Según el informe de la Superintendencia de Salud las ganancias de esta aseguradora para el 2018, asciende a los a 65 mil millones de pesos y para el 2019 a 9 mil millones de pesos. En el primer trimestre del 2020, en plena pandemia, estas sus utilidades aumentaron en 87,6% en comparación al mismo periodo del año pasado, llegando a 18 mil 198 millones de pesos, gracias a la disminución del gasto en prestaciones médicas y procedimientos no urgentes como consecuencia del COVID-19 (1). Estas altísimas cifras, dan cuenta que hacer negocios con la salud y acumular ganancias no es algo que se esconda, por el contrario, es un mercado próspero y muy legítimo para los empresarios, así lo señaló Rafael Caviedes, ex-presidente de la asociación de Isapres, en una entrevista en radio La Clave: “el sistema Isapres no puede darse el lujo de recibir gente enferma”.

Para el sector de los “empresarios de la enfermedad” están primero sus bolsillos y después la vida de las personas. Esta situación vuelve a ser noticia recurrentemente, a inicios de la contingencia por COVID-19 las Isapres se negaron a cubrir esta enfermedad dentro de sus planes, situación ante la cual la Superintendencia de salud señaló “que las Isapres no pueden excluir cobertura del tratamiento por coronavirus COVID-19 por la declaración de pandemia emitida por la Organización Mundial de la Salud” (2), aún cuando aseguradoras de salud señalan eso en sus cláusulas, dejando en evidencia su nulo compromiso con la salud pública.

A la negativa de cobertura de la enfermedad por COVID-19, se sumó el rechazo de las licencias médicas de los contactos de las personas contagiadas como otra demostración del interés de negocio y resguardo de ganancias presente en estas “aseguradoras de salud”. Una de cada tres licencias por COVID-19 estaba siendo denegada por parte de las aseguradoras, las cuales acudieron incluso a resquicios legales para no realizar el pago. Nuevamente la Superintendencia, para calmar la crisis, debió emitir un oficio para obligar a las Isapres a cumplir el pago de licencias.

Reproducir la desigualdad

las Isapres entregan grandes incentivos monetarios a sus vendedores de planes para que capten a hombres jóvenes sanos, debido al bajo costo que implican y, en consecuencia, la alta ganancia que generan.

Los altos costos en el pago de un plan de Isapres son una barrera de acceso no sólo para los más pobres sino para la mayoría de la población. Cuando estas “aseguradoras” se dan el lujo de seleccionar a sus “clientes”, incurren en una clara discriminación por dejar fuera a las personas que podrían generar mayor gasto en salud pero que requieren de la atención, como son las personas mayores, las mujeres y niños/as. Esta desigualdad a la base, se incentiva en las dinámicas y pagos de quienes trabajan para las aseguradoras privadas. Todas las Isapres entregan grandes incentivos monetarios a sus vendedores de planes para que capten a hombres jóvenes sanos, debido al bajo costo que implican y, en consecuencia, la alta ganancia que generan. Sin embargo, este incentivo disminuye a menos de la mitad cuando se trata de mujeres jóvenes; pero aún peor es cuando un hombre joven con sobrepeso u obesidad consulta por un plan, si su IMC es mayor a 30, no es aceptado en ninguna Isapre.

Durante esta pandemia nada ha sido diferente, la desigualdad en la salud se ha hecho presente en diversas situaciones. Un claro ejemplo de este dispar acceso a la atención en salud, es la situación actual frente al llamado que han realizado las autoridades a las personas para asistir a controles de enfermedades crónicas. Mientras las personas que se atienden en el sector público no pueden acceder a la atención, por la reorganización que han sufrido las atenciones en los centros de salud públicos, producto de los escasos recursos; en la salud privada las consultas con especialistas, previo pago, continúan realizándose. Estas últimas incluso se han convertido en un nuevo producto a comercializar a través de la modalidad online, consumo que se ha fomentado independiente de la calidad de la misma.

El acceso al examen por PCR para la detección del virus causante de COVID-19 sigue la misma lógica de desigualdad y negocio. Por un lado, existen instituciones de salud privadas que ofrecen la realización del examen sin salir de un automóvil, con un costo de 25 mil pesos y la posibilidad de reembolso por Fonasa o Isapres (3) y que llegan a obtener ganancias de 4 millones de pesos semanales por cada punto de testeo. Por otro lado, está el sector público que con precarios recursos se ve obligado a priorizar la realización del examen a, en su mayoría, personas sintomáticas. Así queda demostrado en el número de exámenes PCR realizados por tipo de establecimiento, donde se devela que un 40% del total de exámenes ha sido ejecutados por establecimientos de carácter privado(4). Este es un porcentaje altísimo de testeo para el sector privado considerando que tan solo un 17% está en este sector, lo que sugiere que las personas del sector público están pagando en el sistema privado para poder realizarse el examen o que la cantidad de testeos en el sector público es insuficiente.

Precarización de lo público

Junto con propiciar un negocio redondo y generar esta barrera en el acceso, las Isapres acumulan riquezas y concentran los recursos configurando un sistema de salud desigual. La distribución de recursos por personas afiliadas es otro ejemplo de lo inhumano de las Isapres, las que distribuyen parte de sus ingresos en aproximadamente 3 millones de personas versus Fonasa que debe administrar los ingresos que recibe entre 14 millones de personas, las cuales son precisamente más añosas, pobres y con alta carga de enfermedades. En esa misma lógica ocurre que las personas cuando son jóvenes pueden pagar su plan de Isapre, sin embargo llegando cerca de la adultez mayor se vuelve prácticamente imposible continuar con el pago, lo que obliga a los usuarios a movilizarse hacia la atención pública, luego de haber llenado los bolsillos de las Isapres.

Una lógica diferente de salud tiene Fonasa la cual, basada en un carácter solidario, distribuye sus ingresos de manera que las personas más jóvenes y menos enfermas puedan beneficiar y cubrir los gastos de los más adultos y con mayor carga de morbilidad.

Solo el 2019 el sistema público gastó más de $550 mil millones en derivaciones de pacientes a clínicas privadas ($250 mil millones), como también en la compra de servicios a sociedades médicas ($300 mil millones) (5).

La precarización del sector público es un objetivo implícito incluido desde la creación de las Isapres y del sector privado de la salud. En la medida que el sector público no cuente con insumos y profesionales necesarios, los empresarios verán ampliada la oportunidad de vender sus recursos y servicios de salud en la población, precarizar lo público disminuye la competencia para el sector privado y amplía la demanda a la empresa privada de salud, volviéndose un sector necesario y, por lo tanto, más rentable y atractivo. Solo el 2019 el sistema público gastó más de $550 mil millones en derivaciones de pacientes a clínicas privadas ($250 mil millones), como también en la compra de servicios a sociedades médicas ($300 mil millones) (5).

La falta de recursos y personal de salud ha sido, desde la dictadura, un problema histórico del sector y se pone de manifiesto día a día, aún sin una pandemia de por medio, en situaciones como la espera de aproximadamente 600 personas por jornada para ser hospitalizadas, incrementándose esta cifra a mil durante el invierno. A esta falta de recursos, el empresariado y las autoridades le han sacado provecho durante esta pandemia cuando, por ejemplo, se habla de una centralización en la gestión de camas durante la contingencia, con un pago por cada cama utilizada por Fonasa en el sector privado, que será igual al pago que ya realiza Fonasa por una cama en un hospital público, ¿por qué no invertir ese dinero directamente en el sector público para aumentar su capacidad de modo permanente?. Este hecho constituye otro mecanismo que termina desviando una cantidad importante de recursos del sector público al privado (6).

Prevenir no es rentable

Debido a que la generación de riquezas a partir de la enfermedad es el mayor sustento de las Isapres, la promoción y la prevención de la salud no se vuelven rentables y actualmente son escasos los recursos que las Isapres dirigen a medidas de prevención en salud. Lo anterior se refleja en la lógica de las prestaciones ofrecidas en el sector privado, en la cual se favorece que las personas acudan directamente a un especialista en centros de salud o clínicas, siendo que lo recomendado en primer lugar es incentivar la promoción de la salud en todas sus esferas para prevenir la aparición de enfermedades; demostrando así que, el enfoque de salud impulsado por las Isapres es el foco curativo, que espera que la persona se enferme para recién acercarse a un equipo de salud, lo que demuestra una vez más que en un modelo privado de salud, la enfermedad es lo más rentable. Esta situación no ha sido diferente durante esta pandemia, las “aseguradoras de salud” no han sido parte de las estrategias en salud pública, y cuando se les solicita ser parte, buscan diversas formas para conservar sus ganancias, ya sea negándose a cubrir la enfermedad y pagar licencias, o cobrando grandes sumas de dinero por la realización del examen PCR como ocurrió en un inicio de la crisis.

Las contradicciones se agudizan

Uno de los efectos más importantes producto del Estallido Social de octubre y de la pandemia COVID-19, es mostrar que las crisis sociales, más que cualquier otro fenómeno, revelan las verdaderas caras, posiciones e intereses, detrás del poder. Una vez más, los “empresarios de la enfermedad” manifiestan que el principal interés está en cuidar que el negocio siga siendo lucrativo y de ganancias exorbitantes, y no perseguir la solidaridad, el acceso y atención de todas y todos a una mejor salud.

El negocio de las Isapres en torno a la enfermedad es similar a un cáncer enorme y perverso dentro del sistema de salud nacional. Si bien sus raíces se remontan a la dictadura, posteriormente, esta empresa ha sido bien alimentada y perfeccionada por cada gobierno de turno, a través de diversos mecanismos que permite el Estado empresarial existente en nuestro país.

Hoy más que nunca, es urgente la tarea de poner fin a este sistema de salud segregador, que tiene como base el negocio, la desigualdad, la precarización de lo público y el foco curativo. Deben morir las Isapres, las clínicas, los centros médicos particulares, solo así podrá nacer y crecer un sistema de salud que le devuelva la dignidad a nuestra gente.

Nuestro llamado es a construir un sistema de salud digno para todas y todos, ello necesita eliminar todos los espacios para el negocio existentes en la salud. Es tarea de todas y todos organizarnos para luchar de manera constante contra un sistema pensado para una minoría y que día a día precariza la vida del trabajador/a y el poblador/a.

¡EXPROPIACIÓN AHORA DE LA RED PRIVADA Y FIN DE LAS ISAPRES!

Referencias