El pasado 6 de abril el actual gobierno, avalado por el congreso en su conjunto, implementó la nueva Ley de Protección del Empleo. Esta ley busca, según las propias palabras de la ministra del trabajo, “brindar la posibilidad a los empleados de acceder a una suspensión temporal de los contratos, con el fin de que no se pierdan sus derechos laborales, se mantenga su seguridad social y permanezcan con sus contratos”. ¿Podemos hablar de derechos laborales cuando más de 550 mil trabajadores han visto suspendidos sus trabajos? ¿Existe la seguridad social cuando más de 24 mil trabajadores se han visto obligados a pactar una reducción de su jornada laboral y de sus ingresos? Éstas y otras medidas que ha implementado la clase política, empujada por los intereses de grandes empresarios, demuestran no solo que la salud y protección de las personas está lejos de ser su prioridad, sino que tienen construido toda una estructura institucional y económica que les permite acumular millones de ganancias. Esta es la forma que toma el capitalismo neoliberal en nuestro país, y es la gallina de los huevos de oro que buscan proteger, a costa de la vida de la mayoría de la población, quienes se ven sometidos a una precariedad que se agudiza en esta crisis.

¿Ley de “Protección” del Empleo  o maquillaje de la cesantía? 

A la fecha, con la Ley de Protección del Empleo se ha suspendido el contrato de 550 mil trabajadores y se ha reducido la jornada laboral de otros 24 mil.  Si sumamos a las cifras anteriores las más de 238 mil cartas de despido durante el mes de abril informadas por la Ministra del Trabajo, queda en evidencia la fragilidad de un sistema económico basado en la acumulación de capital por parte de la clase empresarial, en alianza con una clase política que pone en segundo plano el bienestar del pueblo trabajador.

Según las cifras entregadas en último el boletín del Ministerio del Trabajo, más de 90 mil empresas han suspendido los contratos de sus empleados, y un importante número ha reducido su jornada laboral, obligando a trabajadoras y trabajadores a dilapidar los escasos ahorros individuales del fondo de cesantía, recibiendo un porcentaje cada vez menor respecto a su remuneración original. El monto promedio del primer pago entregado por la Aseguradora del Fondo de Cesantía (AFC) es de 421 mil pesos para quienes tenían contratos indefinidos y 312 mil a quienes tenían contrato a plazo fijo.

Si se agrupan por tamaño las empresas que han suspendido los contratos a trabajadores (figura 1), un 1,3% corresponden a grandes empresas, las que por definición emplean a más de 200 trabajadores. Sin embargo, si se considera el número de trabajadores que han visto suspendidos sus contratos (figura 2), los porcentajes indican que la mayoría de estos provienen de las grandes empresas.

En la figura 3 se observan algunas de las principales grandes empresas que han suspendido sus contratos a trabajadoras y trabajadores. Una parte importante corresponden a empresas de retail, las cuales basan parte de su modelo de negocios en la oferta de créditos de mala calidad, adquiridos principalmente por pobladoras y pobladores. ¿Existe realmente la necesidad de suspender el pago de sueldos por parte de estas empresas? ¿Sus espaldas financieras no son suficientes para mantener los contratos de sus trabajadores? ¿O es la ley impulsada por este gobierno, junto al sistema económico e institucional lo que permite a las empresas desligarse de su responsabilidad básica con trabajadores y trabajadoras? Tal parece que la Ley de Protección del Empleo es una forma escondida de despedir, pero sin los costos económicos que eso significaría en un escenario normal. Tiene sentido entonces escuchar a la Ministra del Trabajo alabar el resultado de la ley, cuando el desempleo en el Gran Santiago llega al 15,6% según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el más alto en los últimos 35 años. Para llevar a cabo ésta y otras medidas, la clase política y empresarial, quienes toman la dirección del país actualmente, requieren de un arreglo estructural que les permita seguir reproduciendo su sistema económico, aquel que les deja acumular a destajo y sin límites para su ambición.

¿Cuales son y cómo gozan de salud las grandes empresas?

Durante el último mes, la discusión económica ha sido importante ya que la preocupación por la salud de la población ha entrado en pugna con las supuestas “necesidades de la economía”. Dentro de estas necesidades, se ha planteado apoyar a las grandes empresas, por lo que cabe preguntarse ¿quiénes son los dueños de estas empresas chilenas? ¿Cuáles de ellas hoy se ven fuertemente beneficiadas por la crisis? De acuerdo con la revista Forbes, en mayo de 2019 las empresas de mayor patrimonio en Chile son las siguientes:

Estas grandes empresas pertenecen principalmente al área del retail, los servicios y el comercio, liderando las ventas de bienes y servicios. Muchas de ellas han visto modificadas sus circunstancias dado que el flujo del consumo ha cambiado en este contexto, pero por su versatilidad y la estructura institucional que los protege, pueden fácilmente adaptarse para mantener o incluso aumentar sus ganancias. Un ejemplo de ello es el retail, que hoy mantiene fuertemente la cadena de consumo mediante la entrega de bienes básicos, como alimentos y artículos de limpieza, hasta tecnología, ya que la disminución del ingreso de la población en ninguna medida implica una disminución de las necesidades. 

Dirigidas por multimillonarios como Horst Paulmann, Luksic, Solari, entre otros, estas empresas cuentan con una conveniente área en el mercado financiero que les permite generar transacciones de forma circular: entregar créditos para que las personas puedan endeudarse y así comprar los productos de consumo básicos en el mismo retail que está directamente relacionado con estas empresas.

Bajo este sistema económico y político, siempre existe un camino que protege las ganancias del empresariado a pesar de las crisis, ya que no solo cuentan con el poder económico, sino también con el apoyo de un Estado que orienta su actuar en pos de los mismos intereses.

La Estructura Institucional que permite y promueve la acumulación

La clase dominante de un país necesita de un arreglo estructural que le permita reproducir su proyecto de capitalismo nacional. La historia muestra que mientras la clase dominante chilena actual se constituía como tal, también trabajó -al alero de la dictadura y luego de la Concertación- para establecer leyes, regulaciones e instituciones que en el futuro le permitieran acumular sin mayores sobresaltos. Ese trabajo ha dado frutos consistentemente en los últimos 40 años, y ha sido fundamental para sortear exitosamente las numerosas crisis de acumulación y legitimidad que los capitalistas nacionales han enfrentado durante ese período, haciendo pagar al pueblo trabajador,  con hambre y deuda, los costos de sus excesos. La existencia de un entramado institucional que se encuentre alineado con los intereses de la clase dominante es fundamental para la supervivencia de esta.

La crisis económica actual no es la excepción. Si observamos la respuesta que el Estado ha desplegado durante los últimos 3 meses, la ideología capitalista neoliberal que orienta sus decisiones queda al descubierto. Es particularmente evidente cuando se analiza la lógica tras las medidas implementadas por las dos entidades centrales del arreglo institucional neoliberal antes mencionado: el Banco Central (BC) y el Ministerio de Hacienda (MH). El BC es una entidad estatal que posee autonomía relativa del gobierno de turno. Es el encargado de implementar la política monetaria del país, regulando la cantidad de dinero que circula en la economía, y por ende, la inflación. Además, debe velar por el funcionamiento sin interrupciones del sistema de pagos²El sistema de pagos de un país es aquella infraestructura financiera mediante la cual se llevan a cabo todas las transacciones monetarias entre dos o más partes. Por ejemplo, cuando pagamos con tarjeta de crédito un bien o servicio. O, en el caso de instituciones bancarias y financieras, cuando estas realizan grandes transacciones entre ellas.  en el cual se basa el sistema financiero chileno. El MH es el encargado de administrar la política fiscal de Chile, es decir, lo que gasta y ahorra el Estado a lo largo de un año determinado. Bajo el capitalismo neoliberal la política fiscal tiende a estar supeditada a las directrices de la política monetaria, debido al crecimiento descontrolado que el sistema financiero internacional ha experimentado desde la década de 1980 en adelante. Como siempre, Chile no es la excepción. Los objetivos de gasto y ahorro fiscal gestionados por el MH, tenderán a verse mediados por los objetivos y necesidades que el BC ha delineado para la política monetaria. 

Durante la pandemia, esta lógica se ha vuelto aún más clara. El problema que enfrenta la economía chilena, y la economía mundial en general, es uno asociado a la demanda efectiva (DE), específicamente, una contracción de ésta. La DE es el deseo más la capacidad presupuestaria que presentan los consumidores, sean personas o empresas, de adquirir un bien o servicio. Por esto se dice que la DE es impulsada, en general, por el consumo de las personas y la inversión de las empresas: a menor consumo e inversión menor DE, lo cual en última instancia significa menor crecimiento, en términos de PIB. 

Un problema de la DE es un problema alojado en la economía real y no aún en el sistema financiero. Sin embargo, para ‘asegurar la liquidez’ de este último, el BC ha dispuesto miles de millones de pesos, y solicitado una línea de crédito al FMI, en caso de que mayor financiamiento sea necesario. Por su parte, el Ministerio de Hacienda ha declarado en múltiples ocasiones que Chile no tiene los recursos fiscales suficientes para aumentar los montos de la ‘ayuda’ en forma de bonos que ha destinado a la población para que hagan frente a la crisis, promoviendo descaradamente el endeudamiento de los hogares como la principal solución a este problema. ¿Cómo se explica que gran parte de las medidas anunciadas por el Ministerio de Hacienda y el Banco Central vayan en beneficio del sistema financiero, y no de las personas trabajadoras que constituyen la base fundamental de la economía? 

Esto se debe a la existencia de un arreglo institucional que la clase dominante chilena ha ido construyendo en relación a las distintas necesidades que su patrón de acumulación ha desarrollado con el paso del tiempo. Esas necesidades se encuentran particularmente mediadas por el mercado financiero internacional. Para que ellos puedan seguir acumulando sin sobresaltos a través de este, es imperativo que el sistema financiero siga operando sin problemas. Las operaciones hechas por el BC y por el MH, a lo largo de la crisis, apuntan en gran medida a cumplir con ese objetivo. El primero, asegurando que los bancos y grandes empresas tengan acceso a dinero barato y rápido si es que así lo necesitaran, y el segundo, potenciando el ya altamente rentable nicho de acumulación que se ha desarrollado en torno al endeudamiento de los hogares chilenos. 

En síntesis, la acumulación desatada por parte de la clase dominante no sólo se sostiene por la diversificación de sus empresas, como el ejemplo del retail que oferta tanto los insumos para los hogares como el crédito necesario para acceder a ellos. Requiere de un arreglo institucional que proteja este mismo patrón de acumulación. La forma que hoy toma este arreglo institucional neoliberal es fruto del trabajo que la clase dominante del país desarrolló en los años de dictadura, estableciendo instituciones, reglas e instrumentos, que les permitieran enfrentar las crisis blindando sus ganancias. Es por ello que en la crisis actual, las medidas que toman el Banco Central y el Ministerio de Hacienda, instituciones claves en la dirección macroeconómica del país, están en directa relación con los intereses de los grandes empresarios: asegurar la liquidez del sistema financiero y entregar los recursos a la población pero por medio del endeudamiento con la banca. 

El actuar de las autoridades es probablemente la versión más mezquina e indolente de la clase dominante defensora del capitalismo, que refleja la poca importancia que le da a la vida de las y los pobladores del país. Pero no debemos confundirnos con quienes muestran mayor cercanía con nuestra clase, que hoy empujan a tomar medidas de mayor gasto fiscal para entregar recursos directos a los hogares. Es cierto que estas acciones ayudarían a enfrentar de mejor manera la crisis económica actual, pero no evita ni transforma la relación de subordinación que tiene la población frente al capital y sus dueños, que la lleva a entregar su vida a la acumulación de unos pocos.

Es necesaria una transformación estructural de la sociedad, no solo para no seguir pagando los costos de las crisis generadas por el sistema económico que tanto defienden, sino para establecer un nuevo sistema donde podamos ser protagonistas y pongamos al centro la vida y todo lo que ella implica. Debemos entonces transformar no solo una parte de este arreglo institucional -como la constitución que lo amarra- sino comprender cómo funcionan sus mecanismos e instrumentos y transformarlos para que fortalezcan un bien colectivo. Para ello se requiere del trabajo, unido y organizado, de todas y todos quienes buscan construir una sociedad digna donde valga la pena vivir.