Hace casi dos años, el estallido social de octubre marcó y definió el nuevo ciclo político del país, y poco después, entre las ilusiones y expectativas de un nuevo Chile, la crisis sanitaria volvió a sacudir el escenario nacional. Con la pandemia y sus efectos, que han afectado principalmente a la clase trabajadora, se hizo aún más evidente la inhumanidad de este sistema. Somos nosotros y nosotras quienes hemos asumido el costo de la crisis con nuestros ahorros, previsión y alzas.

Las fuerzas políticas están moviendo sus cartas para perpetuar su estadía en el poder: parlamento, alcaldías, constituyentes y la carrera presidencial. Mientras la derecha muestra un distanciamiento oportunista del Gobierno, evadiendo su responsabilidad en el momento actual de la pandemia para así posicionar sus alternativas de "estabilidad política", los partidos de todos los sectores intentan instalar sus candidatos presentando distintas alternativas que, pese a que se pegan codazos entre sí, logran llegar a los acuerdos fundamentales para sostenerse como el bloque histórico que son. A fin de cuentas, todos militan en las filas del poder, adoptando posturas claves de forma cohesionada cuando corresponde. 

Ejemplo de lo anterior es que se han mostrado favorables a la medida populista del tercer retiro del 10%, pese al traspié del Gobierno con el Tribunal Constitucional, para que el pueblo siga pagando con sus ahorros la crisis. También defienden con fuerza las ganancias de las grandes mineras debido al caudal de dinero que ello significa en los bolsillos de los grandes empresarios rentistas del cobre, levantando una vez más un cónclave para los consensos: “la llamada agenda de los mínimos comunes”. A través de ésta, la DC levanta una reunión estratégica que blinda nuevamente al poder, permitiéndole una salida “democrática” para enfrentar la crisis, sin garantizar ninguna mejora en las condiciones de vida de la población. 

En vista de cómo los diversos actores se han desplegado en consonancia con las nuevas oportunidades que les ha ofrecido el proceso constituyente, y en detrimento del avance de la fuerza popular en el estado actual, resulta imprescindible retomar la discusión sobre la raíz de este escenario-  que tiene su origen en las estrategias y mecanismos de acción propios de su fundación para entender cómo le afecta al pueblo y a la fuerza revolucionaria. 

La vía institucional es uno de los mayores obstáculos para la transformación

Los Estados-Nación modernos nacieron de la mano del capitalismo, con el objetivo de ordenar, principalmente el sistema de dominación, levantando los pilares de la institucionalidad que sostienen a nivel local y regional la ilusión de las democracias latinoamericanas. En ese camino de adecuación que ha levantado la clase dominante, se han creado y perfeccionado una serie de mecanismos que permiten hacer frente al descontento, marginando o reduciendo lo más posible cualquier atisbo de rebeldía.

Pese a que el debate y la variedad de ideas como causa común aparecen constantemente en el discurso hegemónico, acentuado además por los medios de comunicación y los nuevo medios sociales, la realidad nos muestra que la mirada de la clase dominante se reduce a consensuar el sentir de la clase explotada, y a ocultar la precariedad y el descontento general con tácticas como el retiro de los fondos previsionales en contexto de pandemia. Para ello utilizan estrategias cortoplacistas y populistas se pierde de foco cuestionar la naturaleza del sistema que no entrega ningún tipo de medio de subsistencia, siendo que es el pueblo el que produce las riquezas.

Otra idea que se ha logrado instalar en el actual momento político es la de “eliminar la constitución de Pinochet”, como si a través de este acto simbólico fuera posible avanzar hacia un cambio mayor y sustancial. Pero ninguna votación ha generado un cambio transformador, ni las presidenciales, ni las municipales; tampoco esta será la excepción. Sólo se ha individualizado e instrumentalizado al pueblo a través del voto y, la ficción de que esta es la única alternativa para accionar políticamente dentro de la sociedad, ha sido ampliamente difundida. Entonces, la alternativa democrática se muestra abierta y pluralista y se ensalza la presencia del diálogo, el debate y las diversidad de posiciones políticas, aún cuando estas últimas impliquen la defensa y el aseguramiento de los intereses de la clase dominante por sobre la dignidad del pueblo.

La coyuntura de la constitución no ha permitido instalar una crítica directa y clara respecto al rol de la institucionalidad política dentro de las sociedades de clases. Se ha focalizado en la clase política como la gran responsable de la crisis de la democracia liberal burguesa, excluyendo a los empresarios, y pasando por alto que forman parte del mismo bloque histórico en el poder. Ninguna de las propuestas ha planteado un proyecto alternativo de sociedad por el cual luchar, un programa popular que trascienda los límites de la institucionalidad capitalista chilena. 

El pueblo una vez más fue marginado del cambio 

Este proceso no es significativo para la vida del pueblo, porque no permite cambiar la condición de explotados y explotadas. Ningún empresario a través de un acuerdo cederá sus riquezas por un bien mayor, ni transará sus intereses de clase. Por el contrario, el control de los medios de producción continuará en las manos de la clase dominante, aún cuando sea el pueblo quien costee las periódicas crisis del capitalismo.

Cualquier otra alternativa que ponga al pueblo como protagonista y coloque en riesgo sus negocios es invalidada por el modelo, necesitan hacernos creer que requerimos a un representante que decida por nosotros, ¿o no es esto el proceso constituyente?.

La clase dominante logró encauzar el escenario de lucha, en donde el pueblo chileno, sin conducción política, había desbordado con rabia, energía y rebeldía las capacidades de control del poder, desplegando su accionar político y de protesta en las calles sin confiar en quienes por tantos años les han mentido. Hoy, la clase dominante ha logrado encauzar gran parte de ese descontento en un acuerdo que permite controlar un escenario de crisis de legitimidad institucional, beneficiándolos.

Con ello, lograron dividir al pueblo, diluyendo la potencia que podía desencadenar en un cambio sustantivo. En este sentido, quieren hacernos creer que la injusticia, la falta de dignidad, la desigualdad y la explotación son un problema político que se soluciona con una constitución. Todas aquellas posturas contrahegemónicas fueron marginadas de inmediato desde las cúpulas del poder político y económico. 

El encierro y el toque de queda desde octubre de 2019 hasta la fecha impiden la organización; la castigan. Es legal abrir un mall y un supermercado, no así trabajar en la calle o abrir una sede social. Le temen porque, con un pueblo organizado, sería mucho más fácil identificar a quienes orquestan esta farsa. Sería más sencillo darse cuenta que los más ricos del país son los únicos que ganan con la nueva constitución y la crisis sanitaria. Pero así nos quieren: eligiendo a un representante irrevocable para que continúe el modelo institucional. 

Como pueblo no debemos debatir ni transar la dignidad bajo la institucionalidad o el proyecto de una nueva constitución, porque ese es un principio intransable. Por la vía democrática no se enlistan los aspectos que hacen sentir más digno o digna una persona para luego ir detrás de la clase política-empresarial para debatir y ver gradualmente como resarcir. La dignidad es argumento de rebeldía y de lucha para derribar y luego reconstruir. Un edificio mal hecho desde sus cimientos no se parcha, se demuele y se construye de nuevo. 

La alternativa revolucionaria no tiene cabida dentro de los márgenes institucionales 

Desde el término de la dictadura militar en Chile que las fuerzas revolucionarias del país han ido en descenso, dispersándose dentro del nuevo escenario político. De las organizaciones existentes en la actualidad, ninguna ha logrado todavía construir y proponer una alternativa política clara y potente que direccione las fuerzas del campo popular.

Para esta coyuntura constituyente, las posiciones que se han desarrollado han ido por dos veredas sustancialmente diferentes. Por una parte, hay quienes identificándose como actores revolucionarios han planteado sumarse al proceso constituyente intentando disputar lo más posible la redacción de la carta magna dentro de los marcos de la institucionalidad burguesa. En la otra vereda, se ha hecho el llamado a no hacerse parte de esta farsa constituyente hecha a la medida de los poderosos, sino que a levantar organización popular como el principal camino que permita construir el poder necesario para transformar esta sociedad.

Creemos que es un error pensar que la única forma de lucha, dentro de esta coyuntura, es sumarse al proceso constituyente. Aún más sabiendo que en la historia de lucha del pueblo nunca se ha logrado transformar las bases de la sociedad capitalista negociando al interior de la institucionalidad burguesa. El pueblo ha demostrado en múltiples ocasiones su capacidad organizadora, creadora y transformadora. Vimos la explosividad que tuvo durante el estallido social, también vimos las expresiones de solidaridad durante la pandemia en ollas comunes, protestas, y otras demostraciones de lucha, que desbordan el escenario de lucha institucional, llevando la política a la calle.

Una fuerza realmente revolucionaria jamás tendrá cabida dentro de la institucionalidad ya que entendemos que el Estado y su forma actual están diseñados para mantener siempre la ventaja fundamental del sistema capitalista. El Estado es una muestra de la explotación y una consecuencia de la existencia de clases que se oponen entre sí. 

Sabemos que en el momento en que nos encontramos no podemos derrochar capacidades organizativas. Las organizaciones que se han sumado al proceso constituyente están dejando de lado los procesos mismos de construcción de poder popular, están disponiendo de las pocas energías que tienen en un proceso, que saben, ningún beneficio le traerá al campo popular en esta lucha por una sociedad que rompa con el capitalismo y nos permita vivir con dignidad. 

Es necesario construir una plataforma de lucha, un proyecto político alternativo y un pliego de demandas sobre las cuales pelear y que estén en sintonía con el horizonte de sociedad hacia la cual queremos avanzar, rebasando los márgenes estrechos de este proceso y que le permita al pueblo luchar con sus propias herramientas.

Aún sabiendo que una parte importante del pueblo participará de las votaciones que se aproximan, planteamos nuestra posición como una alternativa de construcción pero a la vez de disputa para construir una sociedad justa, donde la dignidad no sea un numeral escrito en papel y tinta, sino una conquista producto de una lucha frontal y abierta que podamos dar en conjunto como clase. Hoy, como tantas veces en el pasado, resuena nuevamente una vieja consigna. Si el voto cambiara algo, estaría prohibido.