Indignante es la realidad que vive la población al acudir a urgencias y salas de espera de consultorios y hospitales, las cuales hace un mes están más colapsadas de lo habitual. Más lamentable ha sido la noticia del fallecimiento de 6 lactantes y la alta ocupación de camas críticas pediátricas en el contexto del agresivo peak del virus respiratorio sincicial.
La situación es severa, considerando que se proyecta un segundo peak para las próximas semanas de julio en la población adulta y adulta mayor a causa de enfermedades respiratorias, donde una vez más el sector público de salud se ve damnificado dada su crónica precariedad.
Si bien el desborde del sistema de salud en cada invierno parece una constante inevitable, realidad a la cual la población y las y los trabajadores de la salud nos hemos acostumbrado peligrosamente, creyendo que es normal el aumento de flujo de personas enfermas y la falta de insumos y personal de salud, como organización ConVocación creemos fundamental problematizar esta normalidad instalada. De inevitable tiene poco y, pese a posiciones derrotistas,sí es posible fortalecer el sistema de salud público para que el pueblo no sufra y arriesgue su vida en la espera.
Ya se ha comentado en diferentes instancias que la situación epidemiológica de alza de casos de infecciones respiratorias a niveles masivos era predecible en nuestro país, pues teníamos como antecedente el comportamiento de los contagios de virus respiratorios el año pasado luego del Covid y lo sucedido en el hemisferio norte durante este invierno reciente. Sin embargo, el gobierno progresista de Boric y el Frente Amplio puso sus prioridades en generar una ley corta para rescatar a las Isapres de una supuesta “crisis financiera” y no en preparar la red de salud pública para hacer frente a la proyectada situación sanitaria, lo que era totalmente factible aprovechando la experiencia acumulada de gestión de redes desde la pandemia, junto con una gran cantidad de avances en conocimiento respecto a vigilancia y monitoreo de virus respiratorios.
Prueba de lo anterior es, por un lado, el mal desempeño de la campaña de vacunación de influenza 2023, que al 27 de junio llevaba un 71,3% de cobertura de la población objetivo, lejos del 81,4% alcanzado el 14 de junio del año pasado. Por otra parte, la lentitud en la entrega de recursos a los servicios de salud y municipios para reforzar a los equipos frente a la contingencia, como fue denunciado por la CONFUSAM.
Esto demuestra la incapacidad, desinterés y nula prioridad del gobierno de Boric por fortalecer el sistema de salud que atiende a la mayoría popular en un contexto de total precariedad. Esto no solo se refleja en indicadores ya mencionados de la crisis actual, sino en las condiciones transversales en que se asienta el sistema de salud. Un ejemplo de ello, son los indicadores de camas hospitalarias y especialistas por habitantes, donde Chile alcanzaba una cifra de 1,92 camas por cada 1.000 habitantes el año 2021, ubicándose en el 4to lugar más bajo de la OCDE y lejos del promedio de este grupo de países que asciende a 3,6 camas por cada 1.000 habitantes. Respecto a especialistas, nuestro país se encuentra en el 3er peor lugar del ranking OCDE, con 1,5 especialistas por cada 1.000 habitantes en 2020. Considerando estas paupérrimas cifras, es evidente que la mayoría de la población no tiene la certeza de que en el sistema público tendrá una atención oportuna.
Mientras se evidencia la crisis de este precario sistema de salud, la soberbia y la indolencia de las autoridades de gobierno, se les cuela al referirse a tales problemáticas, como expresó la Ministra de Salud al señalar que la muerte de una de las lactantes era un desenlace “ineludible”. Respecto a esto, cabe destacar que existe una visión generalizada de que Chile es un país exitoso con el manejo de la mortalidad infantil, teniendo en 2021 una tasa de 6 muertes por cada 1000 personas nacidas vivas (NV), dando la impresión de que ya no es un desafío de salud pública. Sin embargo, al compararnos con la mayoría de los países de la OCDE, nos encontramos lejos de aquellos que en el mismo año tenían 2 o 3 fallecimientos por cada 1000 NV. Esto evidencia que la muerte de niñas y niños no es una situación tan excepcional en nuestro país, sino que se pueden seguir tomando medidas para disminuirla.
Los estudios señalan que, la tasa de mortalidad infantil (TMI) se asocia a pobreza y bajo nivel de desarrollo, y Chile es un reflejo de esta desigualdad al tener una tasa que aumenta considerablemente conforme disminuye el nivel socioeconómico de las familias. Como se presenta en la tabla 1, que compara la TMI del año 2017 de comunas con los menores y mayores niveles de pobreza del país, se observa que si en Vitacura había 4,52 niños y niñas que morían antes del año, en Lonquimay aumentaba a 15,34 niños y niñas, es decir, casi 11 muertes de diferencia en el mismo período.
Morales, A. Landerretche,O (2015) en un estudio de la Universidad de Chile identificó que las principales variables que explican una mayor TMI en algunas comunas del país son: mayor tasa de pobreza, menor nivel educacional de la población, ausencia de SAPU, menor inversión en salud municipal y mayor distancia al hospital base de referencia .
Tabla 1: Tasa de Mortalidad Infantil año 2017 por comunas según niveles de pobreza.
| POBREZA POR INGRESOS | POBREZA MULTIDIMENSIONAL | ||||
| Nivel | Comuna | TMI | Nivel | Comuna | TMI |
| Alto | Vitacura | 4,52 | Alto | Providencia | 6,09 |
| Bajo | Cholchol | 6,64 | Bajo | Lonquimay | 15,34 |
La desigualdad socioeconómica termina por repercutir en la salud de las personas, es por ello que esta crisis respiratoria no afecta a todas por igual. Es en los sectores populares donde las crisis se concentran, donde el invierno se torna más problemático, los niveles de hacinamiento son mayores y el tipo de calefacción utilizada perjudica la calidad del aire, generando con ello que una mayor cantidad de personas enfermen y aumenten el número de consultas en urgencias y la ocupación de camas críticas por causa respiratoria. Frente a esto, ¿qué medidas toma la institucionalidad para gestionar situaciones críticas de salud? ¿A quiénes realmente benefician estas decisiones?
Durante la pandemia por COVID-19 comenzó a ser habitual la noticia de la ocupación de camas críticas, públicas y privadas, pero poco se profundizó en el hecho de que, por este vital recurso, el Estado desembolsa grandes sumas de dinero a los centros de salud privados, los cuales terminan aprovechándose de la precarización del sistema público para hacer crecer su nicho de negocio y acumular a costa de la enfermedad de la población.
En el año 2009, durante la pandemia de la influenza H1N1 (gripe porcina), se creó la Unidad de Gestión Centralizada de Camas (UGCC) con la misión de gestionar las derivaciones de personas que se encontraban a la espera de cama en un servicio de urgencia o que estaban hospitalizadas y su centro no era resolutivo para sus enfermedades.. Es iluso pensar que un usuario que espera cama en la urgencia de un hospital la encontrara en otro hospital igual o más colapsado que el primero. Se hace creer entonces que acudir al sistema privado de salud es la mejor solución. Se crea así un negocio perfecto disfrazado de “colaboración público-privada”
Demostración de lo anterior son los propios datos reportados por UGCC MINSAL, con los cuales se observa que, del total de derivaciones realizadas entre el 2014 y 2017, un 77% (18.340) tuvo como destino un establecimiento privado de salud, mientras que el 23% (6.690) fue en una cama pública. Podemos imaginar cómo aumentó esta cifra en la pandemia, , como la clínica Ensenada y Colonial, que prácticamente basan su ganancia en absorber la demanda que el sistema público no puede cubrir, como se ve en el gráfico 1. siendo un lucrativo negocio para los centros privados De acuerdo a la cuenta pública de Fonasa realizada en mayo de este año, un total de M$496.399.562 fue desembolsado a prestadores privados durante el 2022, de los cuales M$138.274.879 fue por pago GRD de uso de camas críticas, manteniéndose el desvío de fondos públicos a manos del privado.
Gráfico 1
Fuente: Minsa.
A partir de todos los datos presentados, se demuestra que no existe una priorización por evitar los problemas de salud de la población, ni una visión a mediano y largo plazo para fortalecer el sistema público. Sino más bien, se evidencian medidas que terminan favoreciendo el negocio de la enfermedad y que, a pesar de los grandilocuentes anuncios en la reciente cuenta pública del gobierno sobre un cambio en las prioridades, se mantiene el actuar reactivo con medidas politiqueras, como la renuncia de un subsecretario o el adelantamiento de las vacaciones de invierno.
Como trabajadoras y trabajadores que nos moviliza la salud del pueblo, no podemos asumir como normal el colapso de la red pública. No podemos pasar por alto que aún hay muertes infantiles evitables, las que se concentran sobre todo en las familias trabajadoras que pagan con la vida la desigualdad de este sistema. No podemos aguantar como año a año se desvían fondos de Fonasa que podrían fortalecer los hospitales y consultorios donde trabajamos. Ni mucho menos podemos ser pasivos frente a un gobierno que prometió cambios en salud, pero a la hora de las urgencias y crisis ha puesto sus capacidades con mayor ahínco al servicio de los empresarios de las Isapres que de los niños, niñas y adultos mayores de las familias populares.
Frente a este gobierno que al pueblo solo ofrece precariedad y lentitud, como profesionales nos organizamos para luchar por cambiar este sistema y su salud.