La epidemia del coronavirus constituye una gran amenaza que ha desbordado y desafiado algunos de los sistemas sanitarios más robustos en el mundo. Ante esta situación cabe preguntarse: ¿Está Chile preparado para afrontar esta crisis sanitaria? La pregunta no es fácil de responder, pues hoy en día pocos creen en las cifras que entrega el gobierno y son varios los actores que han denunciado problemas en la toma de test y graves retrasos en el resultado del examen, lo cual lleva a no conocer la cifra real de contagiados.

Un factor crítico para comprender si estamos preparados, es el número total de camas disponibles en el sistema de salud y cuántas de ellas cuentan con ventilador mecánico. Según cifras del Ministerio de Salud, actualmente existen 38.000 camas básicas en todo el sistema de salud, de las cuales cerca del 30% se encuentra en el sistema privado(1). Respecto a las camas UCI, si bien existe poca transparencia, antes de la crisis se estimaba que existían unas 1.000 camas de este tipo en todo el país, cifra confirmada recientemente por la asociacion de medicos intensivistas SOCHIMI(2). Estas camas son clave en esta enfermedad debido a que, según la experiencia internacional, entre el 3 al 5% de los infectados con COVID-19 llega a requerir cuidados intensivos, lo cual constituye la mayor amenaza a la capacidad del sistema de salud. Esto significa que durante un peak de tan sólo 50.000 infectados, se requerirían al menos 2.500 camas con ventilación.

Si bien el ministro de salud ha informado que se han dispuesto las medidas para afrontar una carga de hasta 100.000 contagios, proponiendo aumentar en 4.000 las camas totales y  pasar de 1.000 camas con ventilación mecánica a unas 2.500. Para tal efecto el Ministerio compró 830 ventiladores mecánicos y China realizó una donación de 1.000 más. Sin embargo, desde el Colegio Médico se indicó que las camas UCI ya presentan una alta demanda en todo el país con una frecuencia de utilización en otras patologías en torno al 95%, es decir sólo contamos con seguridad con las 1.800 camas UCI nuevas. 

Más aún, no sólo basta con aumentar el número de camas, pues se estima que otro problema es el número de profesionales, requiriendo en la UCI por lo menos un médico y un kinesiólogo cada seis camas, una enfermera cada dos o tres pacientes y un paramédico cada dos, cargos que además son de alta preparación por su complejidad técnica.

Esta situación hace prever un escenario poco favorable ante una inminente explosión en el número de contagios. Pese a que el ministro de salud Mañalich ha destacado las virtudes del sistema de salud chileno, lo cierto es que al compararnos con países gravemente afectados como Italia o España la situación chilena no es mejor. Como ejemplo, en Chile el número de camas básicas es 2,3 cada 1000 habitantes, versus 3 y 3,2 cada 1000 en España e Italia respectivamente. Tampoco el número de profesionales es alentador, mientras en Italia hay 4 médicos y 5,8 enfermeras cada 1000 habitantes, en Chile se estima que existen sólo 2,5 médicos y 2,5 enfermeras cada 1000 personas (3). Más aún, esta situación es peor que varios países de Latinoamérica y el Caribe, ocupando Chile el 4° lugar en número de camas básicas y el 8° lugar según número de camas UCI con ventilador mecánico (4).

Hoy con más de 3000 personas confirmadas con COVID-19 positivo, el uso de ventiladores mecánicos para esta enfermedad supera el 10% del total nacional y continúa creciendo de forma exponencial. Mientras ello ocurre, las declaraciones del gobierno generan controversia y nula claridad sobre cuándo estarán instalados y operativos los nuevos ventiladores adquiridos, dado que el Subsecretario de redes asistenciales indicó que recién estarán disponibles el 30 de mayo, siendo que el peak de contagios se pronosticaba según el mismo gobierno para finales de abril.

Ante la carencia de recursos profesionales e instrumentales para afrontar una epidemia de estas características, lo más sensato habría sido decretar de forma temprana cuarentena e implementar el testeo masivo para aplanar la curva de contagios y así evitar colapsar el sistema de salud y reducir al mínimo la cantidad de muertes.

Sin embargo, este gobierno no sólo no ha tomado las medidas apropiadas para afrontar la crisis sanitaria que se avecina sino que estas han tenido un marcado sesgo en favor de proteger y favorecer los negocios de los grandes grupos económicos por sobre la salud de las personas. Pese a lo negativo, esta situación no debe sorprendernos, pues la salud pública ha sido precarizada de forma continua durante los últimos gobiernos. Una muestra de ello ha sido la compra de servicios a las clínicas privadas y a sociedades médicas para paliar el déficit existente en el sistema público. Este sistema traspasa millonarios recursos desde el sistema público al privado, ya que desde su inicio el 2010 ha tenido un aumento de más del 700% y solo durante el año 2019 se desviaron 550 mil millones de pesos, con pagos en torno a 1.300.000 pesos por la hospitalización en el sistema privado versus un costo de 450.000 pesos en el sistema público (5,6).

Una de las lecciones que hemos aprendido es que las crisis y las epidemias develan con mayor fuerza las contradicciones del sistema y el verdadero rostro de las personas y los gobiernos, pues son siempre los más pobres quienes pagan los costos y en este caso prefieren matarnos antes que dejar de ganar dinero. Es por eso que llamamos a no quedarnos de brazos cruzados, más que nunca es necesario organizarse para denunciar y combatir lo que está pasando. En este sentido, hacemos un llamado a exigir la expropiación del sistema de salud privado y de las industrias estratégicas nacionales (laboratorios e industrias de producción de insumos sanitarios, clínicas privadas y otras empresas.) que permitan salvar la vida y dignidad del pueblo y, de este modo, frenar la profundización del negocio con la salud de miles de chilenas y chilenos.

¡Para que el pueblo no muera en espera, Salud digna, estatal y era!